La patronal eólica advierte de la pérdida de inversiones en Andalucía

Mariano Barroso, presidente de la Asociación de Promotores y Productores de Energía Eólica de Andalucía (Aprean), explicó ayer que la nueva normativa «pretende que las primas que actualmente percibimos los promotores por cada megavatio instalado sean fijadas por el propio Gobierno de manera unilateral».
Barroso argumentó que «estas primas pueden cambiar cada año sin que nos digan nada» y que «eso hace que no tengamos unas reglas claras de juego».


En estos momentos, los promotores reciben una ayuda de entre 7,5 y 8,5 euros por megavatio producido para fomentar la producción de este tipo de energía renovable. No obstante, en los dos últimos años las tarifas de la energía eólica han crecido más de lo normal por el aumento del precio del petróleo y el Gobierno se muestra reticente a pagar una prima estable. Barroso señaló que comprende esta postura aunque negó tajantemente las declaraciones que el ministro de Industria, Joan Clos, realizó hace unos días en las que afirmaba que los promotores españoles recibían las primas más altas de Europa. «Eso no es cierto. Hay al menos siete países europeos con una retribución superior», dijo el presidente de Aprean.


Desde la patronal aseguran que su interés no radica en cobrar las primas sino en evitar cualquier incertidumbre. «Se tardan 20 años en amortizar un parque eólico para que el nuevo decreto nos cambie las reglas cada año», apostilló Barroso. Desde la patronal advierten que, si el decreto no se modifica, «va a tener consecuencias no ya en los beneficios directos de los promotores sino en las futuras inversiones, que posiblemente se verán frenadas ante las dudas creadas en el tejido empresarial». Siguiendo este discurso, Barroso dijo que «igual no se llega a los 4.000 megavatios previstos en Andalucía para el año 2010 en energía eólica». En estos momentos hay en la región 42 parques operativos con una producción total de 609 megavatios, por lo que el camino por recorrer es aún largo.


Barroso tomó carrerilla y recordó que «en Andalucía se están invirtiendo 4.000 millones de euros y se podrían ralentizar si hay un marco jurídico inseguro. Seríamos una república bananera si cada año cambiamos las normas». La postura de Aprean, desde luego, quedó clara. Sólo falta ver qué responde el Gobierno central.