Primera expropiación forzosa en Andalucía en beneficio de las eólicas

La notificación llegaba al propietario de estos terrenos, Rafael Trujillo, tan sólo un día antes de que se hiciera efectiva, esto es, el martes. A las 11,00 horas de ayer estaba prevista la entrada de personal de la Delegación competente en sus tierras, pero hasta pasadas las 12,00 horas no llegaron al lugar, siempre escoltados por una patrulla de la Guardia Civil.
Un representante del Gobierno autonómico leyó el documento que acreditaba la expropiación forzosa a su propietario, que no expresó su oposición a la «ocupación de sus tierras» y calificó este procedimiento de «injusto». «No han contestado a ninguno de los escritos que le hemos presentado, es absolutamente ilegal». La Junta afirmó que esta notificación no era imprescindible, pero que se le habían enviado a Trujillo por «consideración».
Minutos después accedían a la finca para comenzar a medir el terreno. En los tres vehículos habilitados por las administraciones competentes para ejecutar la expropiación se encontraba personal de la empresa Sevillana Endesa y de la Junta de Andalucía.
Falta de información
Trujillo aseguró que desconocía el número de hectáreas que le habían expropiado de una finca de unas cien hectáreas en total. «No me han notificado qué superficie de terreno se van a quedar, sólo se que en mis tierras van a instalar tres o cuatro aerogeneradores».
Sin embargo, el representante de la Delegación provincial de Innovación, Ciencia y Tecnología encargado de ejecutar el documento aseguró a SUR que Trujillo conocía perfectamente el terreno que le ha sido expropiado y añadió que ha tenido muchas vías para recurrir un proceso que ayer por la mañana culminaba. «El Ayuntamiento de Tarifa le ha ofrecido la posibilidad de arrendar sus terrenos a la compañía eléctrica, sin embargo, se ha negado y, por ello, la Junta se ha visto obligado a llevar a cabo esta expropiación forzosa».
El presidente de la plataforma que auna a los propietarios afectados, Carlos Jorkareli, aseguró que disponen de la certificación por parte de la propia Junta de Andalucía de que el Plan de Ordenación Eólica de Tarifa no existe, al no estar aprobado según establece la Ley. «Entendemos que la utilidad pública sobre la que se está llevando la expropiación no existe, puesto que no se basa en ningún Plan de Ordenación y, por tanto, este proceso no debería darse nunca, máxime cuando el recurso de alzada de este propietario no ha recibido respuesta por parte de la Delegación provincial de Innovación».
Además, destacó que es la «prepotencia política», que, apuntó, no atiende a razones ni a leyes y que, a pesar de no aprobar el Plan Eólico, «desoye a sus ciudadanos para favorecer a instalaciones industriales en terreno no urbanizable, sin contar con su pueblo».
Medidas
El primer propietario afectado adelantó que va a poner los hechos en conocimiento del Juzgado, unas diligencias que su representante legal no ha podido emprender debido a la inactividad propia de agosto. «Vamos a seguir hasta el final con este proceso, porque ya conocemos sentencias en las que han ganado los propietarios de los terrenos a los parques eólicos. En estos documentos, al no quedar probada la utilidad pública de los molinos, se deniega la expropiación forzosa de las tierras».
La Plataforma también reclamó con «urgencia» al Ministerio Fiscal y a la justicia ante las denuncias presentadas, para poder parar un proceso que calificaron de «anticonstitucional». Además, señalaron que la celeridad con la que se ha notificado y ejecutado esta primera expropiación ha imposibilitado que el propietario pueda interponer las medidas legales oportunas para poder paralizarlo.
Sin embargo, la versión ofrecida por la Delegación de Innovación, Ciencia y Tecnología ayer durante la expropiación difiere de la de los afectados, puesto que apuntaron que la implantación de este parque eólico es «legal», al ser aprobado por la Junta de Andalucía. Una información que desde esta plataforma reiteraron no ha sido publicada de manera oficial en ningún boletín nacional, regional o provincial.