El sistema de detección de incendios en los parques eólicos funcionará en este operativo

De la Casa hizo referencia al comunicado de la Delegación del Gobierno, remitido a la Junta el pasado 3 de abril: «Inadmitir a trámite la petición formulada por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Soria por la imposibilidad de autorizar a una persona jurídica particular la instalación de videocámaras». Para el delegado territorial, este comunicado respondía a una «falta de colaboración de la Administración central».



Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno señaló que la Administración General del Estado «no impide que se utilicen cámaras de videovigilancia en parques eólicos para la detección de incendios», ya que no es necesario que la Junta solicite autorización para ponerlas en funcionamiento. La Subdelegación aclaró que «los responsables de la Junta en Soria no han entendido el sentido de la resolución del delegado del Gobierno del 3 de abril».



La Ley 4/1997, que regula el uso de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y el Reglamento que lo desarrolla, «no regula la instalación de estas cámara por particulares, solo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». El resto de supuestos de instalación se regulan por la legislación protectora de los derechos a la intimidad y a la propia imagen.



En esta ley no se establece un sistema de autorización administrativa previa para que cualquiera que pueda instalar un videocámara. Por este motivo, la Delegación del Gobierno no admite a trámite la petición para permitir su uso, «porque no puede autorizar algo para lo que no se requiere autorización». Por tanto, según concluye la Subdelegación del Gobierno, «la Junta de Castilla y León puede utilizar esas videocámaras, puesto que no se necesita autorización para ello».



Tras la aclaración por parte de la Subdelegación del Gobierno, el delegado territorial de la Junta valoró positivamente que no exista inconveniente para el uso de este sistema de localización de incendios, si bien consideró excesivo que «se tarde dos meses a responder para decir que no hace falta la autorización».