El Consejo de Seguridad Nuclear apoya renovar la vida útil de Garoña por 10 años más

El informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la central nuclear de Garoña concluye que es viable la renovación de su licencia por 10 años más, por lo que podría cumplir 50 si logra la aprobación del Gobierno. El Consejo ha presentado en el último día de plazo su informe al Ministerio de Industria, que ahora tendrá un mes, hasta el 5 de julio, para decidir sobre si cierra o no la central nuclear burgalesa. La planta fue diseñada para tener una vida útil de 40 años. Sin embargo, el Consejo de Energía Nuclear ha concluido por unanimidad que cumple con los requisitos mínimos de seguridad exigidos para ampliar hasta 2019 sus años de servicio, si bien ha impuesto varias condiciones.

Estas condiciones implican cambios importantes y una obra que requerirá mucho tiempo, aunque son asumibles para las compañías propietarias de la central (Endesa e Iberdrola), que ya eran conscientes de la necesidad de estos cambios. El informe requiere a la central que renueve muchos kilómetros de cableado eléctrico, algunos soterrados, así como medidas para la purificación de la atmósfera de la sala de control que aseguren la integridad de los trabajadores en caso de accidente.

Para poder llevar a cabo estas modificaciones será necesario aprovechar las paradas que el reactor realiza cada 18 meses para el cambio de combustible. Tras la efectuada en 2009 las próximas serán en 2011 y 2013. En total, el Pleno del regulador (integrado por la presidenta del organismo, Carmen Martínez Ten, su vicepresidente, Luis Gámir, y los consejeros Antonio Colino, Antoni Gurguí y Francisco Fernández) ha mantenido seis sesiones para estudiar y analizar la propuesta. Conforme a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) y dentro del plazo acordado, el informe del Consejo ha sido registrado en el Registro General del Ministerio de Industria y Energía.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha asegurado que el Ejecutivo “está barajando todas las alternativas posibles”, aunque hizo un guiño a la central al afirmar que a las centrales nucleares “les pasa como a las personas, que hay algunas que con veinte o treinta tienen achaques y otras que con cincuenta están estupendas”.

Por su parte, los dueños de la central de Garoña a partes iguales, Iberdrola y Endesa, han advertido al Gobierno de que recurrirán al Tribunal Supremo en caso de ser cerrada para reclamar una indemnización de 1.000 millones de euros por las inversiones aún no amortizadas y por la pérdida del flujo de caja previsto hasta 2019. No obstante, este informe no es vinculante para el Gobierno, por lo que será el Ejecutivo quien tomará la decisión sobre la continuidad de Garoña antes del 5 de julio.