Todos contra todos en el sector energético

Escalada de tensión entre las empresas y de estas contra el Gobierno por la reforma eléctrica. Unos y otros se acusan de ser los responsables de agujero de 26.000 millones del déficit de tarifa.
El inicio de la tramitación parlamentaria de la nueva ley eléctrica, junto con la aprobación definitiva de otros decretos y órdenes ministeriales de la reforma eléctrica, ha vuelto a levantar las espadas en el sector. Es el todos contra todos, y el todo vale en una guerra sin cuartel.
Unas empresas acusan a otras de ser las causantes del déficit de tarifa, un monumental agujero financiero que ya ha alcanzado los 26.000 millones de euros y que está totalmente descontrolado. Por dura que sea la reforma eléctrica, el déficit está desbocado y va camino de sumar 30.000 millones.
Las eléctricas tradicionales como Iberdrola, Endesa y Gas Natural acusan a las renovables más inmaduras, especialmente las solares, de hinchar los costes del sistema. Las termosolares han desempolvado viejos fantasmas y acusan a las eléctricas tradicionales de recibir beneficios extra con las nucleares o las grandes centrales hidráulicas (windfall profits).
Ingenio léxico
Las viejas acusaciones vienen ahora aderezadas con ciertas dosis de ingenio léxico. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, comparó esta semana el déficit de tarifa a un cáncer, y dijo que «hay dos maneras de tratarlo», que es «con sanguijuelas, que era lo que se hacía en la Edad Media, o con cirugía, que es ahora lo necesario».
«Si tenemos un 5% de la energía que cuesta el 20% de la factura [en referencia a renovables inmaduras] podemos sacar sangre al resto del cuerpo [en referencia a todo el sector, y en especial las grandes eléctricas] con lo que terminaremos matándolo, y encima seguirá el cáncer». Galán apuesta por la opción de una cirugía que identifique y extirpe el problema.
Protermosolar no tardó en responderle. La patronal de termosolares dijo esta semana que la “sobreretribución de costes de la energía nuclear y la hidráulica representa más de 2.000 millones de euros al año al sistema”. Además, asegura que “la sobreretribución al negocio regulado de la distribución ha sido determinante en el volumen de déficit alcanzado en los últimos 10 años”.
Mencionar la retribución a la distribución es tocar la fibra más sensible de las grandes eléctricas. Precisamente evitar la reducción de los 5.000 millones de euros que supone esta partida es uno de sus principales caballos de batalla. Argumentan que los recortes que están sufriendo les deja sin rentabilidad en esos activos, y advierten del parón en inversiones y la destrucción de empleo, directo e indirecto.
Días antes, el ambiente ya se empezó a calentar. A comienzos de mes, la patronal eólica nacional criticó que el eólico “es el sector más afectado por la nueva regulación ya que, además de las normas que se refieren a las renovables, sufrirá un fuerte impacto como consecuencia de otras medidas”. Otras asociaciones regionales como APECYL, en Castilla y León, también se posicionaban contrarias a una batería de cambios legislativos que no han hecho sino “generar un ambiente de inseguridad y crispación en el sector muy negativo para el desarrollo de esta tecnología”
Por ejemplo, decían en la Asociación Empresarial Eólica, “el borrador de real decreto sobre interrumpibilidad establece que el coste de este servicio recaería en gran parte sobre las empresas eólicas, algo tremendamente injusto si consideramos que nos encontramos ante un servicio que es innecesario, pues no se utiliza ni se utilizará”.
La interrumpibilidad es lo que cobran grandes grupos industriales como Arcelor o Ercros por desengancharse de la red eléctrica en caso de que la producción eléctrica se necesite para atender la demanda de otros clientes.
El servicio de interrumpibilidad, que no se ha actividad desde hace ya una década, cuesta al sistema eléctrico cerca de 500 millones de euros anuales.
El fantasma del desempleo
Todos los sectores, en mayor o menor medida, están haciendo del empleo un arma arrojadiza. Unef, la asociación fotovoltaica, lanzaba a finales de septiembre el mensaje de que las reformas energéticas se han cebado con este sector y que esto ha impactado de lleno sobre la estructura sociolaboral de este mercado, hasta provocar el “desmantelamiento de una industria que se encontraba entre las líderes mundiales hace apenas tres años”.
Mientras que en 2011 el sector superaba los 12.000 puestos, a mediados de 2013 ese volumen se ha reducido en unos 4.500 empleos, decían en Unef, de modo que ahora el sector ronda los 7.500 empleos, la gran mayoría en labores de operación y mantenimiento y en dar soporte a las actividades en el extranjero. Y continuaba dando datos. “Hasta hace dos años había más de 50 empresas con fábricas en España de silicio de grado solar, obleas, células, módulos, inversores y seguidores, de modo que se cubrían todos los eslabones de la cadena de valor de la tecnología. En la actualidad, un 90% de los fabricantes de módulos y de sus componentes ha cerrado, está en concurso de acreedores o en procesos de ajuste laboral”.
Parecía una respuesta al argumento, meses antes, de Unesa, la patronal de las grandes eléctricas. Éstas han criticado abiertamente las subvenciones a las solares como la madre de casi todos los problemas del sector. Antes del verano, las grandes eléctricas advertían de las negativas consecuencias que los recortes de la reforma van a suponer para Iberdrola, Endesa y Gas Natural y lanzaban un aviso a navegantes. Daban a entender que habrá fuerte reducción de inversiones y empleo en unas empresas que dan trabajo directo a 37.000 trabajadores en España y a otros 130.000 de forma indirecta e inducida.