Soria asegura que de no ser por las medidas impuestas por el Gobierno para frenar el déficit tarifario la factura de la luz habría subido un 42%

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, continúa dando explicaciones sobre la reforma eléctrica impuesta por el Ejecutivo para poner freno al incesante incremento del déficit de tarifa.
El pasado miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, preguntó al ministro por el efecto que la política energética está teniendo en la competitividad del sector industrial. Ante esta pregunta el responsable de la cartera de Energía respondió que, ante la acumulación permanente del déficit tarifario año tras año, el Ejecutivo sólo tenía dos alternativas: “o adoptar medidas regulatorias para frenar el incremento del déficit de tarifa anual y aumentar la competitividad, o aumentar los precios al consumidor en aproximadamente un 42%” y aseveró que ésta última opción nunca fue contemplada por el Gobierno como una posibilidad.
“Optamos por la primera opción, adoptar un conjunto de medidas que afectan a los consumidores, porque es verdad que han subido los precios, pero también (afecta) a la administración pública, ya que una parte se financia con cargo a los Presupuestos, y a los operadores del sistema, tanto de energías del régimen ordinario como del régimen especial”.
José Manuel Soria quiso incidir en que todos los decretos y proyectos de ley que ha sacado adelante su departamento buscan “incrementar la capacidad de competir de la industria española, aumentar su competitividad, pero también no incrementar persistentemente, como se venía haciendo, los precios de la electricidad”. Y, por ello, se han disminuido las retribuciones al transporte, a la distribución, a los sistemas insulares y extrapeninsulares, y también en los pagos por capacidad. “Pero ocurre una cosa en España: los precios del consumidor doméstico y de la industria están por encima de la media europea y, a pesar de ello, los ingresos del sistema no son suficientes para cubrir los costes de las actividades reguladas, acumulándose año tras año un déficit de tarifa que va directamente a los balances de las empresas”, sentenció.