POBREZA ENERGÉTICA, por Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables

En el informe sobre comercio exterior de la Agencia Tributaria aparece el dato del valor de las importaciones energéticas de España durante 2011, nada menos que 55.821 M€ de renta de todos los españoles que han salido al exterior, a aquellos países de donde importamos gas, petróleo, carbón y uranio para satisfacer nuestra demanda de energía.
Para 2012 esta cantidad puede incrementarse entre un 14% y un 20%. También en 2011 las emisiones de CO2 se incrementaron en el sector energético un 24%, por lo que la economía española deberá dedicar más recursos a comprar derechos de emisión a terceros países. Frente a lo que se puede leer en los periódicos habitualmente, estos datos ponen de manifiesto el verdadero estado de pobreza energética de España y el enorme coste que tiene para todos los ciudadanos en cuanto a pérdida de renta nacional por nuestro enorme déficit comercial energético, y de renta disponible por el carácter inflacionista de los combustibles fósiles. Que esto esté pasando con un crecimiento nulo del PIB hace que la situación sea mucho más grave y sorprende que ninguna de nuestras instituciones económicas lo estudie y lo destaque aunque solo sea como un factor decisivo para nuestra seguridad nacional.
Hemos basado el modelo económico en un modelo energético dependiente, caro y contaminante, como es el de los combustibles fósiles y la energía nuclear. Es un modelo insostenible tanto por razones económicas como ambientales y sociales. Por el contrario, se ha frenado y ahora se pretende arruinar la única fuente energética propia que tenemos a la puerta de nuestras casas y que no tenemos que pedir ni pagar a nadie como son las fuentes renovables. El coste de la dependencia energética de España es diez veces superior al de las renovables. Y nadie habla de ahorrar el consumo de la energía que importamos.
Desde esta perspectiva, garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico a costa de los consumidores y penalizar con tasas retroactivas a las renovables es un parche para unos meses y solo contribuirá a agravar los problemas en 2013. Porque la tasa a las renovables es otra forma de retroactividad. Inversiones que se hicieron en la confianza de un marco jurídico y económico publicado en el BOE se ven arruinadas por la modificación arbitraria y antes de tiempo de ese mismo marco legal. Se trata de una inseguridad jurídica más propia de un país atrasado que va a contribuir a eliminar o, en el mejor de los casos, deslocalizar nuestra industria renovable contraviniendo la política energética europea y los intereses generales del país. Bajo la injustificada complacencia de que España va muy avanzada en los objetivos de 2020, se está desmontando el modelo de renovables construido en las últimas décadas, que ha servido de auténtico instrumento de desarrollo regional, como es el caso de Castilla y León con una capacidad de iniciativa que ha ido muy por delante de la del Estado.
Hundir a las renovables para preservar los ingresos del modelo energético convencional es una política de corto alcance que ya se ha demostrado equivocada. Desde 2008 ya comenzaron los recortes y la descalificación de las renovables. En el RDL 14/2010 ese recorte ascendió a más de 5.000 M€; dos meses después, el anterior Gobierno subió la luz un 10% y el informe de la CNE lo achacó al decreto de ayudas al carbón y al carácter inflacionista de las subastas de la CESUR que fijan el precio de la tarifa de último recurso. El actual Gobierno decretó la moratoria renovable en enero de este año y desde entonces la luz ha subido dos veces justificándose por la baja demanda eléctrica y los costes extrapeninsulares para llevar la luz a Baleares y Canarias. Todo lo que se ha legislado contra las renovables desde 2008 no ha evitado nuevas subidas de la luz ni que el déficit de tarifa haya seguido creciendo. Se han eludido los verdaderos problemas como la conformación de precios del pool eléctrico, las subastas que fijan el precio de la luz, la falta de internalización de costes o la inexistente transparencia y competencia del sistema eléctrico, como acaba de poner de manifiesto la propia Comisión Europea. Se ha conformado un magnífico sistema de socialización de pérdidas por el que todos los ajustes del mix convencional se cargan al consumidor y los ajustes de las renovables directamente a los ingresos de sus instalaciones. Es un impuesto a los consumidores, de carácter inflacionista al repercutirse en todos los precios de la economía y un impuesto a los ingresos de las renovables, de carácter retroactivo, que hará inviables muchas instalaciones. Si la demanda eléctrica ha descendido al nivel de hace diez años, la política energética ha retrocedido al siglo pasado.
El modelo energético convencional se basa en el mayor consumo y facturación al consumidor final. Con la crisis ese modelo ha resultado ser una losa pues a pesar de la baja demanda se sigue importando energía, bloqueando las políticas de ahorro y eficiencia y regalando los derechos de CO2 sin ninguna estrategia a largo plazo. La sobrecapacidad del sistema, resultado de una desastrosa planificación, ha convertido a las renovables en una amenaza a combatir por las tecnologías convencionales cada vez menos competitivas. Y se está optando por la pobreza energética como la verdadera política energética, apoyando un modelo insostenible que se fundamenta en las importaciones energéticas, en el derroche en todos los usos de la energía y hundiendo la inversión en las energías renovables que, por el contrario, aseguran la independencia energética, la eficiencia y la reducción de emisiones al ser la única fuente propia y autóctona de que disponemos.
Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables.