Pacto para revisar el modelo energético

Pacto político histórico en materia energética. El Gobierno y el Partido Popular acordaron congelar la previsible subida del recibo de la luz del próximo mes de julio para buscar «una revisión profunda del sistema eléctrico», orientada en un primer momento a analizar y reformar los costes de este sistema. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, no descartó, sin embargo, que la luz no vaya a subir en el futuro. «Una vez revisados los costes, ya hablaremos de ingresos del sistema, pero lo lógico es ponerlos por detrás de los costes», señaló el ministro, que acudió ante la prensa acompañado del portavoz de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro.

Sebastián justificó la decisión de congelar la tarifa en que «la situación lo exige». Recordó que la energía es «un factor fundamental» para el «bienestar de los ciudadanos» y para «la competitividad» de las empresas. «Por tanto, en la actual situación económica tiene que servir de palanca para el crecimiento de la economía, la recuperación y la creación de empleo», consideró.

Los grupos políticos trabajarán sobre el marco presentado por el ministerio de Industria el pasado mes de abril durante los llamados Pactos de Zurbano, que buscaban acuerdos políticos para la salida de la crisis y entre los que se incluyó una propuesta de mix energético para 2020, entre otras medidas. «La voluntad del Gobierno es hacer de la energía un asunto de Estado, con el consenso de todas las fuerzas políticas lo antes posible y sin líneas rojas», afirmó el ministro.

Sebastián recordó que llevan proponiendo un pacto desde septiembre. Su idea es incluir «a todos los grupos políticos posibles» y afirmó haber recibido una «respuesta también positiva» de CiU en la búsqueda de este acuerdo de Estado sobre energía. Anunció, además, la creación de un grupo de trabajo encargado de las negociaciones, en el que, por parte del Gobierno, participarán el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, el director de Política Energética y Minas, Antonio Hernández, y él mismo.

El ministro citó los puntos sobre los que se centrará la negociación: los recogidos en el documento entregado a los partidos en abril. Son garantizar un suministro seguro, definir un mix energético para 2020 «equilibrado y diversificado entre las diferentes fuentes de energía primaria», desarrollar infraestructuras como las interconexiones internacionales y las infraestructuras, profundizar en la liberalización, mejorar las políticas de ahorro y eficiencia, consensuar objetivos de renovables de manera «sostenible económicamente» y desarrollar normativas de seguridad nuclear y gestión de residuos, lo que incluye la futura ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Al ser preguntado sobre si esa disposición de diálogo abierto sin restricciones, además de incluir el emplazamiento del ATC, afecta también al cierre de Garoña, Montoro aseguró que la situación no aconseja «resaltar las diferencias sino las coincidencias». «De lo que se trata es de ser positivo», afirmó.

El representante del PP apuntó a que el motivo de la convocatoria de rueda de prensa de ayer era transmitir «tranquilidad y confianza» a los inversores y que sepan que existe voluntad de dotar al sector de un marco regulatorio estable. En ese sentido, aseguró que la revisión de costes se hará pensando en su impacto sobre la economía española, a lo que Sebastián añadió que el objetivo es lograr un sistema eléctrico eficiente y competitivo a largo plazo.

En el documento de Zurbano se establecían una serie de plazos para alcanzar ciertas reformas, como la selección del municipio que albergará el ATC o la adaptación de los mecanismos de retribución de las energías renovables a la evolución experimentada por las tecnologías, que tenía que estar previsiblemente aprobado el próximo 1 de julio. Algunas otras medidas tenían de plazo hasta el 31 de diciembre. En este sentido, la intención de los grupos es que el acuerdo se alcance «lo antes posible», si bien no quisieron fijar ningún plazo determinado para alcanzarlo.