Nueva autorización administrativa para el parque Cerros de Radona (Soria)

El proyecto del parque eólico ‘Cerros de Radona’ ha vuelto a recibir la autorización administrativa y la aprobación del proyecto por parte de la Junta de Castilla y León después de que el Tribunal Superior de Justicia y el Supremo los ‘tumbasen’ la primera vez que se concedieron.
El parque, localizado en los términos municipales de Alcubilla de las Peñas y Medinaceli (Soria), cuenta con un presupuesto de 28.616.958,31 euros y salió el 15 de enero a información pública (durante 20 días), según la información recogida por el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
El peticionario es Eólica de Radona, S.L.U. y el objeto del parque la generación de energía eléctrica. Entre las características del parque eólico destacan 16 aerogeneradores de 2500 kW de potencia unitaria, en torres de 100 metros de altura, transformador interior, de 2800 KV a relación 0,69/30 kV. El proyecto también contempla una línea subterránea de tres circuitos trifásicos a 30 kV de interconexión de los aerogeneradores con la subestación agua viva 132/30 kV y una torre anemométrica de 100 metros de altura.
El órgano competente para resolver es el ServicioTerritorial de Industria,Comercio yTurismo de la Junta de Castilla y León en Soria, tal y como recoge la información del BOP. Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo se formulen a los mismos, las alegaciones y los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación, presentándolos en el plazo de veinte días a contar a partir de hoy.
En la publicación también se detalla que por orden de fecha 5 de noviembre de 2013, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se dicta la declaración de impacto ambiental del proyecto del parque eólico Cerros de Radona, publicada en el BOCyL con fecha 19 de noviembre de 2013 tras dos sentencias que obligan a subsanar la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de una petición que comenzó en 2007.