La reforma energética pone en peligro miles de puestos de trabajo y quiebra la seguridad jurídica

El rechazo de las energías renovables a la última reforma energética planteada por el Ejecutivo Central no es ningún tema baladí. Dicha normativa provoca una recesión considerable en el sector. Pese a esto, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció el pasado 12 de julio su teoría (articulada en una nueva normativa con demasiados flecos sueltos y apta para posibles giros en el último semestre del año) para recaudar los más de 4.500 millones de euros del déficit que se generará al finalizar este 2013: 900 millones correrán a cargo de los consumidores que sufrirán incrementos en la tarifa de la luz del 3,2%; otros 900 derivarán de los Presupuestos Generaldes del Estado y los 2.700 restantes los asumirán las eléctricas, las productoras de energías renovables y la cogeneración, que dejarán de funcionar con el actual sistema de primas. La finalidad es “garantizar una rentabilidad global del proyecto energético del 7,5%” y para conseguirlo, la norma especifica que junto a los ingresos obtenidos por ofertar su producción en el mercado se sumen unas retribuciones adicionales que cubran los costes de inversión a las empresas eficientes que no lo recuperen en el mercado.
Así, el Gobierno determinará la vida útil de la instalación y calculará si la rentabilidad que ya ha recibido supera el 7,5%. En ese caso el proyecto dejará de recibir esas retribuciones para cobrar sólo la energía que venda. A la vista de esta nueva medida, las renovables califican esta legislación de “gravemente retroactiva” para el sector eléctrico, el cual corre serios peligros de supervivencia.
España cuenta actualmente con un déficit de tarifa de unos 26.000 millones de euros que, según el ministro Soria, podrían haberse incrementado en otros 10.500 millones de no haberse tomado ninguna medida al respecto en los dos últimos dos ejercicios para reducirlo a 4.500 millones.
Reacciones a la reforma
El secretario general de la Fundación Renovables, Sergio de Otto afirma que “la reforma supone cargarse de un plumazo el sistema que ha funcionado en este país”. Por su parte la portavoz de la fundación Ecológica y Desarrollo (Ecodes), Cristina Monge, considera que las decisiones tomadas por el Ejecutivo echan para atrás a todo un sector como el de las renovables en el que España fue pionero a nivel mundial. Monge asevera que “hace años se facilitaron las inversiones y eso arrastró a que se desarrollase una industria muy avanzada. Ahora se vuelve a dar un hachazo a las primas, lo que supone una vuelta atrás en el camino recorrido”.
Las cifras que maneja el sector sobrevuelan pérdidas por valor de un 15% de los ingresos del régimen especial a lo que hay que sumar los recortes sufridos por las renovables y que han llegado a alcanzar el 40% de los ingresos. Este ajuste supone la quiebra de numerosas instalaciones que no podrán devolver los créditos que las financiaron y que deberán entregar a las entidades bancarias. El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig, destaca que aceptar esta nueva legislación “es decir directamente a los empresarios que no inviertan”.
El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, también prevé una “caída drástica del empleo” con una pérdida de “entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo a raíz de la última reforma energética”.
Hilo de confianza
El presidente de la Asociación de Promotores Eólicos de Castilla y León, Javier Gracia Bernal, mantiene un hilo de esperanza de que el Gobierno “haga bien los deberes” porque “todavía tiene tiempo y capacidad hasta finalizar el año para realizar modificaciones que permitan inversiones razonables y esperamos que lo que está en explotación no se vea afectado”.
En relación a Soria, Javier Gracia señala que es una de las provincias que más ha invertido en renovables y que tiene un importante papel con más de 1.100 empleos en 2011. Gracia denuncia que la inseguridad jurídica tiene bloqueados 15 parques eólicos que cuentan ya con la autorización administrativa necesaria para arrancar, pero están pendientes de su construcción por miedo a la inversión en un sector con un futuro “incierto”, y que, en el caso de que se llevarse a cabo su explotación, podrían generar más de 300 puestos de empleo sólo en la provincia de Soria.
Esta reforma energética está siendo estudiada y controlada por la Unión Europea, que será quien valore si España, con estas nuevas medidas, podrá desviarse de los objetivos europeos que establecen que en 2020 un 20% del total de la energía provenga de las renovables.
Apecyl confía en que este objetivo se cumpla y Castilla y León recupere los 2.500 empleos perdidos en el sector.