La reforma energética, nefasta para los intereses de la eólica

Las medidas comprendidas en esta reforma modifican el sistema de apoyo a la eólica, al eliminar el modelo anterior e introducir para todas las instalaciones en marcha unos incentivos ligados a las obligaciones del Tesoro. La patronal eólica considera que la medida aprobada vulnera los principios de seguridad jurídica al ser claramente retroactiva, porque cambia las condiciones de las inversiones realizadas por el sector durante más de veinte años. Vulnera también el principio de rentabilidad razonable, al no cumplir los principios de rentabilidad razonable de la CNE y fijarla con criterios arbitrarios. Asimismo, la medida altera radicalmente los flujos de ingresos de todos los parques eólicos de España, lo que en palabras de la AEE “supondrá una cascada de problemas financieros para el sector y, eventualmente, para la banca. A la vez, tiene un fuerte impacto en el valor de las empresas, como se ha visto estos días en su evolución en bolsa”.
Con esta reforma, el Gobierno incrementa aún más la incertidumbre que afecta al sector, con el que no ha dialogado sobre las medidas. Además, se trata de un experimento a nivel mundial, ya que ningún país -salvo Rusia y sólo para las nuevas instalaciones, no para las antiguas­ ha aplicado nunca un sistema semejante. Y es innecesario en el caso del sector eólico, que no es la causa del déficit de tarifa y ya ha visto reducida su rentabilidad a mínimos debido a las medidas anteriores tomadas por el Gobierno (el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y la modificación a la baja de la retribución a raíz del Real Decreto-Ley 2/2013).»
El juego de la retroactividad
El problema más serio que apunta la reforma se deriva del “profundo cambio estructural” del nuevo sistema regulatorio del régimen especial, “absolutamente retroactivo”. A partir de ahora, las renovables recibirán retribuciones a precio de mercado, que se calculará a tres años, y las que no logren con cubrir el coste de su inversión, serán compensadas con una retribución adicional (se tomarán como referencia los costes de “una empresa eficiente y bien gestionada”) con una rentabilidad equivalente al bono del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos, que, en estos momentos, arroja una tasa del 7,5%.
Esta es “la rentabilidad razonable” con la que el ministerio cree respetar la obligación legal de retribuir los activos regulados. Sin embargo, aunque el real decreto no alude a retroactividad alguna, las renovables consideran que hay un reconocimiento claro cuando señala que esa rentabilidad regirá “durante toda la vida regulatoria de la instalación” (25 años) y que se aplicará “el bono a 10 años” desde el comienzo de dicha vida.
Las plantas más penalizadas serán las más antiguas y eficientes (principalmente, parques eólicos), muchas de las cuales se quedarán sin incentivo por haberse comido ya la nueva rentabilidad. En este sentido, las empresas consideran que se trata de “la devolución en toda regla de un beneficio”, por tanto, retroactiva.
Mientras las grandes del sector se quejan de pagar el pato de una política errada de la que no son culpables, y de ser discriminadas al recibir una rentabilidad menor que las renovables, estas también ven discriminatorio que la tasa de rentabilidad a la distribución y el transporte (un 4,5%) no sea retroactiva. Este menor porcentaje se justifica, según el real decreto, por tratarse de unas actividades de “bajo riesgo” por ser monopolios naturales.
La aplicación de la nueva regulación resultará además altamente compleja en el caso de las fotovoltaicas (59.000 instalaciones) a las que habrá que ajustar la nueva tasa una por una. Instalaciones que, en multitud de casos, ya no están en manos del promotor y cuya inversión inicial se ha diluido.
Así, los peajes subirán por primera vez en un mes de agosto (el 6,6% en que bajó la TUR de abril)
De fracasar el plan de Nadal, las subidas en cadena serían inevitables. Y, de triunfar, tal como amenazan las empresas, será el empleo el que peligre.