La posibilidad de aplicar un impuesto por el impacto ambiental de la producción hidroeléctrica cobra especial relevancia en Castilla y León

    Lo cierto es que Castilla y León fue en 2009 la cuarta Comunidad en producción de electricidad, sólo superada por Cataluña, Andalucía y Galicia, según fuentes de Red Eléctrica Española. La primera es líder gracias a la nuclear; Andalucía, por la producción en ciclo combinado, y Galicia, por la hidráulica, que alcanzó los 6.171 gigawatio (GWh), mientras que la Comunidad castellano y leonesa obtuvo 5.739. Pero por encima de la hidráulica, la eólica de la región se encuentra a la cabeza de todas las autonomías, con una producción que el pasado año alcanzó los 4.800 MW (megawatios) de potencia instalada, según fuentes del sector, con 204 parques en funcionamiento.

    Este potencial eléctrico se traduce en que Castilla y León consume la mitad de lo que produce o incluso en años especialmente buenos un tercio, con lo que se convierte en la primera potencia exportadora, sobre todo a comunidades limítrofes como, Madrid fundamentalmente, País Vasco y Cantabria. Por ejemplo, en 2009 sólo consumió 12,7 millones de MWh de los 23,9 generados, es decir, un 53 por ciento; aunque en ejercicios de gran producción como 2007, en el que se generaron casi 37 millones de MWh sólo se gastaron aquí 12,7.

    Y que Castilla y León sea la Comunidad más grande de España y de Europa, unido su emplazamiento geográfico, motiva que todas las líneas de transporte de energía deban pasar por estas tierras. Fuentes de Red Eléctrica Española (REE) precisaron que en España hay más de 40.000 kilómetros de líneas de alta tensión (de 220.000 y 400.000 voltios) y la mayoría atraviesa la región.
    Precisamente es en estos dos componentes —potencia generada y kilómetros de cables cosiendo la Comunidad— donde la Junta, con el apoyo de los grupos políticos, ha fijado las miras para crear dos nuevos impuestos que graven la producción y transporte de energía, aunque en este último caso, según fuentes de REE, al tratarse de infraestructuras sin las cuales la producción de energía no tendría utilidad, ya que sería imposible llevarla de un lugar a otro, una línea de alta tensión es de utilidad pública y, por lo tanto, consideran que no es justificable un impuesto.



  • Fecha de la noticia: 2011-01-23
  • Fuente: Apecyl
  • Ambito: Local
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