La patronal eólica rechaza cánones autonómicos y defiende la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética

02 de noviembre de 2012
El objetivo último de la nueva ley de medidas fiscales es paliar el déficit que se genera con la relación de los costes de producción de la energía y lo que se obtiene al venderla, algo que ya se intentó sin éxito durante 2010. El déficit de tarifa acumulado ascendería a 24.000 millones de euros, y si no se atajara, podría aumentar a un ritmo de 5.000 millones por año. El gobierno pretende crear a partir de 2013 un sistema energético rentable, solvente y competitivo, algo que ya intentó durante la anterior legislatura, generando un déficit del 30%.
La reforma ahonda en el aspecto tributario, estableciendo la práctica totalidad de las disposiciones en este campo. La reforma supone todo un reto porque ha renunciado a cargar al consumidor con la diferencia de costes, ya que generaría un aumento del 43% de media en la factura eléctrica.
La medida más denostada ha sido la denominada Tasa Soria, un impuesto estatal directo del 6% que se aplicará sobre los beneficios derivados de la venta de cualquier tipo de energía. Sólo con esta disposición se pretende generar una cantidad cercana a 688 millones de euros.
Sector en peligro
El problema deriva de la naturaleza de la ley, la cual no prevé establecer distinciones entre los diferentes tipos de energía a la hora de tributar al Estado por sus rendimientos, es decir, la contribución del 6% será universal. El inconveniente es que el gobierno parece haber olvidado que cada tipo de energía es diferente obviando las ventajas que aportan algunos métodos de obtención al medio ambiente a la seguridad ciudadana o a la creación de empleo.
Este canon golpeará más duramente al sector de las renovables. Otras fuentes de energía, como la nuclear por ejemplo, amortiguarán ese 6% desviándolo hacia su precio de venta, es decir, lo pagará el cliente, mientras que en el caso de las renovables, al tener un precio fijo, no quedará otro remedio que apartar ese 6% de la cuenta final de resultados, lo cual no solo supone una pérdida de privilegios frente a los métodos tradicionales, sino una desventaja del 6%.
Según Luis Torres, vicepresidente de la UNEF, el sector se va a ver duramente perjudicado, ya que prácticamente ningún empresario del sector será capaz de hacer frente a los costes, que sumados al 30% de la anterior reforma, supondría un 36% muy difícil de asumir. A ello se le suma la imposibilidad de transmitir el incremento al cliente, por lo tanto esta ley puede llegar incluso a tener un efecto contrario al deseado.
Pasos atrás
La consecución de un sistema energético responsable y sostenible, respetuoso con el medio ambiente y en general, a la altura de la Unión Europea parece dar un paso atrás, ya que no está previsto que se reinvierta la recaudación en el saneamiento y mejora del sector, sino que recalará directamente en las arcas del estado, con la excepción del impuesto nuclear que se destinará a la recuperación del medio físico en el que se emplazan las centrales.
Las reacciones no se han hecho esperar, y la Unión Española Fotovoltaica, la Alianza por la Bioenergía y la Asociación de Productores de Energías Renovables se han negado en redondo a la iniciativa, presentando una enmienda a su totalidad, apoyada por la izquierda parlamentaria y los principales grupos ecologistas españoles. Luis Torres, argumentó que esta carga impositiva puede llevar a la bancarrota a gran parte del sector eólico, que ya salió bastante resentido de la anterior reforma fiscal, sufriendo un reajuste del 30%.
Una de las reacciones más enérgicas viene desde el interior del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, pretende recurrir esta medida ante el Tribunal Constitucional. El responsable del ejecutivo gallego sostiene que esta medida carece de efecto alguno sobre el déficit de tarifa estructural y propone que se estudien los diferentes tipos de energía para tomar medidas adecuadas cada una, y no pretender englobar todos los sistemas de obtención de energía bajo unas medidas que no satisfacen las necesidades de ninguna.
Dimensión política
En este contexto, el debate se ha extrapolado hasta tomar ciertas dimensiones concernientes al terreno más político que energético. Núñez Feijóo, apoyado por la Asociación Eólica de Galicia, que cree que será positivo que la Xunta decida sobre este asunto, presentará un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, ya que considera que la Tasa Soria atribuye al gobierno central competencias propias de la comunidad autónoma.
En un sentido diametralmente opuesto, Rocío Sicre, presidenta de la AEE, ha articulado su discurso a favor de la reforma gubernamental en torno a la necesidad de mantener la «unidad de mercado» cediendo la imposición de los cánones ambientales a las comunidades autónomas, situándose a favor de la reforma tributaria y totalmente en contra de los cánones autonómicos. En esta línea se ha pronunciado también Eduardo Tejerina, secretario general de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, APECYL, manifestando que «las comunidades autónomas hacen mal uso de la potestad recaudatoria que les confiere el Estado» y que un proceso recentralizador del Estado español pasaría necesariamente por la devolución de las competencias tributarias al gobierno central.