La guerra de subastas eólicas de las autonomías desata el caos en el sector

El problema está en que las autonomías, que son las que conceden las autorizaciones para instalaciones de régimen especial (renovables), han ido dando licencias cada vez a más velocidad. Conscientes de que la energía limpia es ahora una fórmula para impulsar la economía local, e incluso un reclamo político, las autorizaciones han desembocado en macroconcursos. Esta carrera entre autonomías, que en muchos casos se miran de reojo para no quedarse atrás con respecto al vecino, ha hecho que se superen con creces todos los objetivos marcados por el Gobierno para el conjunto del país, dando así lugar a un caos en el mecanismo por el que se deben adjudicar las subvenciones para ese tipo de instalaciones.

Comunidades como Galicia, que sacó a subasta casi 2.300 megavatios (MW) durante la anterior legislatura del PSOE y los nacionalistas de BNG, abrió fuego en la modalidad de las megasubastas. Cantabria se sumó la pasada semana, con 1.400 MW, la misma cifra que prepara Aragón. Comunidades como Cataluña (1.000 MW) también estudian la vía del concurso. Y otras (Extremadura, Valencia, Canarias) ya han acometido procesos similares, aunque por fases y con cifras más modestas.

El desenfreno eólico está poniendo contra las cuerdas al Gobierno central, al gestor del transporte de la electricidad de alta tensión (Red Eléctrica) y a las propias empresas, que reclaman un desarrollo ordenado que evite el colapso del mercado. Red Eléctrica contempla con angustia cómo muchas veces las ambiciones autonómicas no son viables en términos operativos, porque las redes (es decir, el sistema de evacuación de electricidad) no están preparadas para recibir tal avalancha de megavatios, o simplemente no pueden desarrollarse al mismo ritmo que lo que pretenden los gobiernos regionales.

Las empresas, por su parte, se ven sometidas a una enorme presión para acudir a los concursos, que se presentan como la última gran oportunidad que queda en el mercado. Los concursos, además, son variopintos, lo que obliga a las compañías a conocerse 17 entresijos autonómicos distintos. Mientras en Galicia se exigió dar parte de cada proyecto a la Xunta, en Extremadura se exigió promover el empleo local, aunque no fuera en renovables.

Ni siquiera está claro si los concursos, a veces opacos, son la fórmula más adecuada, legal y estéticamente. La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha llegado a decir que no existe una ordenación jurídica al respecto. Están en la alegalidad. El concurso de Galicia está recurrido por varias empresas, tras ser adjudicado mayoritariamente a empresarios con buenas relaciones con el anterior gobierno y en muchos casos con escasa o nula experiencia eólica. El actual gobierno del PP dijo que lo derogaría, con lo que ese concurso está en el limbo.

El otro gran problema es el de la subvenciones. Con el aluvión de proyectos, se superará antes de tiempo el objetivo de 20.155 MW eólicos que el Gobierno había previsto de potencia eólica para 2010 en toda España. El objetivo del Ejecutivo es ir reduciendo las primas a partir de esa cifra, sin todavía especificar números. Habrá adjudicaciones autonómicas que no se sabe qué tipo de subvención tendrán, lo que incrementa la incertidumbre empresarial.

En un intento de poner coto al desenfreno de adjudicaciones, el Gobierno dictó en mayo una normativa estableciendo un pre-registro, con el 7 de junio como fecha tope para inscribir los proyectos con licencia, y limitar las subvenciones existentes a los que entren en esa tanda de inscripciones.

Poner coto
-El Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril (BOE de 7 de mayo), iba destinado a resolver el problema del déficit de tarifa eléctrica, pero el Gobierno aprovechó para tratar de ordenar el fuerte crecimiento en renovables.
-La normativa fijaba un mes, hasta el 7 de junio, para que los proyectos que ya tengan permiso se inscribieran en un registro de preasignación.
-Todos los proyectos eólicos que entren en ese registro disfrutarán de las primas actuales, incluso si superan los 20.155 megavatios (MW) que se marcó el Gobierno como objetivo para 2010.
-Industria analiza ahora las solicitudes. Algunas fuentes estiman que el pre-registro ha superado los 20.155 MW. Industria trabaja en otra ley para ajustar las primas para los proyectos posteriores a la preasignación.