La cuestión energética. Por Jesús María Bachiller Martínez

La energía es como la sangre que circula por todas las partes del cuerpo, proporcionando vida a todos los órganos, por muy distantes que estén del centro impulsor. De ahí que sea considerada un recurso estratégico y que su obtención haya sido una fuente continua de conflictos en las relaciones internacionales. Batallas diplomáticas, tensiones políticas, controles sobre regiones enteras y, en último extremo, un sinfín de conflictos bélicos, que simbolizan la lucha por asegurarse un suministro estable a largo plazo.
La dependencia energética de los estados condiciona su libertad para tomar determinadas decisiones importantes. La situación actual de Ucrania, un país dependiente del suministro de gas ruso, que se debate entre la opción de acercamiento a la Unión Europea o su inclusión dentro del proyecto de Rusia de crear una Unión Euroasiática con algunas de las repúblicas ex -soviéticas, es un episodio más en ese complejo sistema de relaciones, con los recursos energéticos de fondo. España es uno de los muchos países europeos que cuentan con un déficit energético estructural y uno de los más dependientes de los suministros procedentes del exterior, ya que su subordinación energética ha llegado a superar el 85%. Pero, seguramente, es uno de los más opacos en la gestión energética y también uno de los menos fiables desde el punto de vista de las garantías jurídicas.
Los vaivenes de la política energética en los últimos años ponen de manifiesto la falta de una política industrial a largo plazo, y la incapacidad de la clase política para mirar más allá de las próximas elecciones y de los intereses económicos de un grupo pequeño de grandes empresas, que pretenden que todos los consumidores, grandes y pequeños, bailen al son que ellas marcan. Todos hemos sufrido en mayor o menor medida las imposiciones de la compañía eléctrica correspondiente, cuando, al producirse un apagón, nadie se hacía responsable de las distintas consecuencias que podía tener en el ámbito del hogar o en tu lugar de trabajo.
Todavía sigue siendo un misterio la forma de fijar los precios de los carburantes, pese a las promesas que se hicieron cuando se acometieron los procesos de privatización, que nunca reflejan la situación del precio del petróleo. Son muchos los interrogantes acerca de por qué en determinados años se eligió un aumento de la dependencia del petróleo, cuando sus precios estaban encareciéndose aceleradamente en los mercados, mientras se desechaban otras energías de costes más reducidos, como la hidráulica y nuclear, con el consiguiente aumento de lo que ha venido a denominarse el ‘déficit tarifario’. Esto ocurrió entre el 2000 y 2002, durante los gobiernos del presidente Aznar y volvió a repetirse en 2005 con gobierno de Zapatero.
La situación se ha agravado por la intervención de otros factores como la subvención a las renovables, todavía inmaduras, o el consumo del carbón nacional. En 2012 el déficit alcanzó más de 26.000 millones de euros. También se hace necesaria una explicación de por qué los precios de la electricidad no han seguido la misma evolución de los precios del petróleo o del gas natural, que hubiera podido permitir a los consumidores ajustar sus planes de consumo.
La acumulación de decisiones políticas ha empujado el precio de la energía, que se ha incrementado un 60% para los consumidores industriales y un 88% para los domésticos, desde 2006, situándose entre los más elevados de toda la OCDE. Son cada vez más los hogares que no pueden permitirse este servicio básico por falta de recursos.
Según las encuestas, son ya uno de cada cinco hogares los que no pueden disfrutar de una temperatura adecuada en invierno. Las consecuencias adquieren una especial gravedad, porque están poniendo contra las cuerdas a distintos sectores industriales de este país, como se han encargado de denunciar diversas organizaciones, desde algunos grupos políticos en el Congreso de los Diputados, hasta las asociaciones de empresarios, prensa especializada de todas las tendencias y las propias embajadas de los países con intereses industriales en España.
Muchas industrias no solo han rebajado considerablemente sus beneficios, comprometiendo su futuro, sino que han perdido competitividad en una etapa de gran competencia exterior. Mientras muchas empresas están realizando grandes esfuerzos de adaptación, acompañadas en muchos casos de despidos de personal o ajustes de salarios para poder dar continuidad a toda la plantilla, la política energética no acaba de enderezar el rumbo y se tiene el convencimiento de que en las compañías energéticas no se han hecho los mismos esfuerzos, ni los mismos ajustes, manteniendo un exceso de retribuciones reconocidas y otras prerrogativas que resultan insostenibles en los tiempos de crisis que estamos viviendo. El clamor colectivo ante esta situación nos ha llevado a plantear una reflexión en este artículo.
Somos conscientes de la complejidad que entraña la política energética, por la gran cantidad de factores que entran en juego. Pero es necesario mejorar la gestión de la energía en España. Se ha de partir, para ello, de un buen diagnóstico sobre cuáles son las causas del déficit, continuar con un replanteamiento del sistema de fijación de precios y una clarificación consensuada de los objetivos estratégicos a largo plazo, que garanticen la sostenibilidad de suministro en el futuro. Entre las medidas a tomar figuran, a nuestro juicio, una mejora de la eficiencia energética, una reducción de la dependencia del petróleo y un papel creciente de las energías renovables.