Funcas cuestiona la imposición de tasas a la eólica para paliar el déficit de tarifa

El último número de Papeles de Economía Española, publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) señala que el sector energético español puede presumir de unos excelentes niveles de seguridad en el suministro y de encontrarse a la cabeza mundial en cuanto al desarrollo de renovables y sostenibilidad medioambiental. El informe explica, de forma paralela, la difícil situación económica que atraviesa el sector renovable, afectado gravemente por el problema del déficit de tarifa (diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las compañías eléctricas y lo ingresado a través de tarifas). Un déficit que se viene arrastrando desde el año 2000 y que ha llegado a acumular más de 34.000 millones.
El informe plasma cómo las empresas productoras y distribuidoras de energías renovables no son las únicas afectadas por el problema tarifario. El precio de la electricidad para el consumidor ha crecido más del 70% desde el año 2006. Por ello, el Gobierno Central trata de aplicar las medidas adecuadas para abordar el problema, sin encontrar una solución que agrade al sector. La reciente aprobación de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética que establece un impuesto general del 7% sobre la facturación de la energía eléctrica y otros gravámenes que afectan al consumo de combustibles fósiles para la generación de electricidad ha puesto a las renovables en contra del Ejecutivo. Además, en enero entró en vigor el Real Decreto-Ley 2/2013, que elimina la opción de las empresas de percibir el precio de mercado más una prima y que implica una reducción de facto de los incentivos por modificar los parámetros con los que estos se actualizan. Todas estas medidas, según afirma el estudio de Funcas, ponen seriamente en peligro la sostenibilidad económica de un sector que goza de excelentes rendimientos energéticos.
Natalia Fabra Portela y Jorge Fabra Utray, autores de uno de los capítulos del informe afirman que posiblemente “gran parte de la fiscalidad energética acabará siendo asumida por el consumidor final”. Para los autores la reforma regulatoria “debería garantizar la convergencia de precios, costes y tarifas”.
María Paz Espinosa y Cristina Pizarro-Irizar, investigadoras de la Universidad del País Vasco y autoras de otro capítulo del estudio consideran contraproducente rebajar las primas a las renovables, ya que aún tienen importantes costes de generación y “no están suficientemente maduras para participar en el mercado sin incentivos adicionales”.
A su juicio, una de las posibles medidas para rebajar el déficit tarifario pasa por la “incorporación de un mercado de certificados verdes, con una prima que permita el desarrollo de las tecnologías menos competitivas”.
Carlos Sallé Alonso, director de regulación de Iberdrola y autor de otra sección del informe señala que el problema no está en los costes de producción y distribución, sino en otros “ajenos al sistema” como las primas a las renovables, los sobrecostes extrapeneinsulares o las anualidades del déficit heredado de años anteriores. “Tampoco tiene sentido aplicar un 21% de IVA a un producto cuyo precio se tiene tan tutelado”, sentencia Sallé.