Europa perfila un nuevo esquema regulatorio orientado hacia la eficiencia económica que reduzca los incentivos a la producción renovable

El Ejecutivo europeo se encuentra preparando, con el apoyo de los líderes de la Unión, un giro en lo que respecta a la política energética continental. Durante los últimos años, los principales esfuerzos han ido encaminados hacia la lucha contra el avance del cambio climático. Ahora, aunque se afirma que este problema “no quiere dejarse de lado”, la principal preocupación será el mercado y la búsqueda de modelos de ahorro.
Entre las propuestas que están sobre la mesa se encuentra la revisión de las normas sobre ayudas estatales a las energías renovables y la eliminación gradual de las “subvenciones perjudiciales desde el punto de vista medioambiental o económico”, aunque desde Europa parece que se da más peso a la parte económica que a la ambiental.
La Comisión Europea quiere presentar entre verano y otoño las directrices para fijar las nuevas condiciones para regular las ayudas procedentes del Estado. Este informe tendrá una gran importancia, porque sus contenidos serán vinculantes y de obligado cumplimiento por parte de los países miembros. Por lo que se sabe hasta el momento, el documento primará los intereses del mercado y la competitividad europea frente al resto de socios mundiales por encima de las ventajas medioambientales que producen la utilización de determinados modelos de producción energética verde.
Eliminación de subsidios
El documento europeo destaca que la mitad de los países de la UE tienen subsidios a la producción de energía eólica por encima de los costes de producción, mientras que en para energía solar la situación es algo más equilibrada.
Barroso también ha incidido en el aumento de los precios de la energía en Europa en comparación con otras zonas geográficas. “Mientras que en los últimos ocho años la electricidad y el gas se han encarecido entre un 22% y un 45%, las variaciones en Estados Unidos han oscilado entre la caída del 66% en el gas y un aumento mínimo del 8% en electricidad”.
El mismo informe afirma que España es el país que más cara paga la energía, y arrastra un déficit de tarifa que ronda los 30.000 millones de euros. En parte, se afirma que el déficit se ha producido por las primas al régimen especial, que incluye la producción a través de energías renovables y la cogeneración. Por el contrario, sí que critica la retirada de primas con efectos retroactivos por generar inseguridad jurídica, un argumento que el sector nacional eólico ha utilizado en la demanda presentada a este respecto en la Audiencia Nacional. “El problema en España es que el precio de los incentivos ha sido demasiado alto”, señala Laura Parmigiani, experta en energía del Instituto Francés de Relaciones Internacionales.
Olvido del cambio climático
Esta visión europea, tan centrada en la economía y en la competitividad energética, no es unánime. Tanto en la Comisión como en el Consejo hay voces discrepantes. “Es sorprendente que en una cumbre sobre energía apenas haya referencias al cambio climático. En marzo de 2014 volveremos a hablar de todo esto”, ha afirmado una fuente europea.
El nuevo marco también apuesta por repensar el reparto entre los operadores de mercado del reparto de los costes para “hacer más sostenible y más seguro el sector energético”, a la vez que afirma que esta normativa para las renovables deberá desincentivar el apoyo público a las tecnologías maduras que puedan captar inversiones privadas.
Mientras tanto, desde la Asociación de Productores de Energías Renovables, consideran que el cambio no va a ser radical, y si así lo fuera, el sector solicitará que el sistema de prima salga del marco regulador de las ayudas del Estado.