España no hace los deberes de Kioto

    La necesidad de ahorrar energía y electricidad en nuestro país es ineludible. España tiene una dependencia enorme del petróleo – cuyo precio rebasa ya los 67 dólares el barril-. Además, España es, junto con Canadá, la nación industrializada que más se aleja de los objetivos que asumió al ratificar el protocolo de Kioto.



    Por eso, las continuas demoras en la aplicación de estas nuevas normativas están sembrando la alarma. «Parece que los promotores y constructores, que se han opuesto a estas normativas, tienen más capacidad de influencia que nadie», dice José María González Vélez, presidente de la Asociación de Productores de Energía Renovable-APPA.



    Todos los indicadores justifican la necesidad de actuar ya. El sector de la edificación consume el 20% del total de la energía consumida, y aporta el 26% de las emisiones de dióxido de carbono. En España hay nueve milones de edificaciones y 20 millones de viviendas que no aplican los modernos criterios de eficiencia energética. De la misma manera, las 800.000 viviendas que se han creado recientemente tampoco han aplicado estos sistemas. Mientras tanto, el consumo de energía experimenta un aumento anual del 5,2% anual, y se espera que hasta el 2012 el incremento de la demanda eléctrica sea del 40% respecto a los datos del 2004. Por si fuera poco, en el sector de servicios estos aumentos serán del 100% en este mismo periodo.



    El Gobierno de España ha tenido más de tres años para trasponer a la legislación la directiva sobre eficiencia energética en los edificio (publicada el 16 de diciembre del 2002). Sin embargo, el plazo ha expirado sin que haya fechas concretas para esta adaptación.



    La intención expresada por el Gobierno es que la adaptación de la normativa comunitaria se lleve a cabo mediante tres decretos. En primer lugar, el Ministerio de la Vivienda está ultimando el nuevo código técnico de la edificación, cuya función será regular el uso de materiales, de los aislamientos y de la energía solar térmica en las nuevas viviendas y en las que se rehabiliten.



    Asimismo, el Ministero de Industria debe hacer los reglamentos de certificación energética de las viviendas y de instalaciones térmicas. En el primer caso, se trata de dotar a la vivienda de una acreditación que informe al comprador del consumo energético de la vivienda y de las emisiones de CO relacionadas 2 con esa producción. Finalmente, la otra normativa debe velar por que los aparatos electrodomésticos del hogar sean eficientes y no derrochen energía.



    Asimismo – según denuncia también APPA- el Gobierno español va a adaptar también fuera de plazo la normativa sobre certificación del origen de las energías renovables, cuyo plazo expiró el 27 octubre del 2003. Esta normativa debe servir para garantizar el derecho de los usuarios a poder contratar energía limpia o verde (cuya generación no produce gases invernadero ni residuos radiactivos), pues los españoles carecen ahora de esta información. En cambio, si estuviera disponible, se facilitaría la competencia y haría que la demanda activara más las energías limpias.



  • Fecha de la noticia: 2006-02-01
  • Fuente: Apecyl
  • Ambito: Nacional
Activar notificaciones No, gracias