España no ha presentado a tiempo el Plan de Asignación de Emisiones

El Plan Nacional de Asignación debe seguir unos criterios básicos para asegurar que España cumpla el Protocolo de Kioto, de acuerdo con las promesas gubernamentales y con los compromisos internacionales, y para tener una oportunidad cierta de combatir un cambio climático peligroso.


Por ello Greenpeace propone que se establezcan unos «techos» de asignación suficientemente bajos como para cumplir los objetivos medioambientales y a su vez proporcionen el mayor ahorro en los costes de esta reducción. Además, propone que se subaste la mayor cantidad de derechos posibles, que el resto de derechos se asignen en función del potencial de reducción, que no se otorguen derechos gratuitos a los nuevos entrantes, y que no se penalicen los cierres de instalaciones.


La Comisión Europea debe tomar las medidas necesarias, incluidos los procesos de advertencia e infracción para asegurar que el Sistema de Comercio de Emisiones es una pieza fundamental en la política climática de la Unión Europea. Greenpeace exige que ningún estado realice una sobre asignación de derechos, algo especialmente preocupante en países como Polonia, Irlanda, Flandes en Bélgica, Estonia, Lituania, Eslovaquia, y República Checa. Se debe subastar la máxima cantidad de derechos permitida por la Directiva del Comercio de Emisiones, esto es el 10%.


El pasado 22 de junio, el secretario general para Contaminación y Prevención del Cambio Climático, Arturo G. Aizpiri, accedió a reunirse con Greenpeace y otras asociaciones ecologistas y sindicatos para tratar este asunto. En dicha reunión no se informó de ningún aspecto relevante del Plan.