España acepta el plan de energías renovables de la Unión Europea pero demanda un recorte menor en la emisión de CO2

    La metodología que está utilizando la Comisión Europea para establecer los porcentajes que corresponden a cada Estado miembro se basa en un cálculo que tiene en cuenta el Producto Interior Bruto (PIB) de cada país por habitante, además de su grado de desarrollo económico actual y su potencial tecnológico futuro.

    España propuso al comienzo de las negociaciones al comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, “tener más en cuenta” la población de cada Estado, pero según fuentes comunitarias se ha rechazado este sistema de cálculo por considerar que “dificultaría” la negociación con terceros países. Según fuentes gubernamentales españolas, Bruselas estima que España debería recortar en un 8% sus emisiones a la atmósfera de gases contaminantes con respecto a los niveles de 2005 (año de referencia), para cumplir con el cupo total del conjunto de la Unión Europea (UE).

    Ese porcentaje atañe sobre todo a sectores como la vivienda, el comercio o la agricultura, que son los que no entran dentro del actual comercio de derechos de emisiones y no eximirían tampoco a España de cumplir con los objetivos de Kioto, unos compromisos que en estos momentos incumple más que ningún otro país de la UE, según cifras de la Comisión. Pese al alto grado de consenso con Bruselas sobre el porcentaje de uso de energías renovables, España sigue presionando a la Comisión para que acepte una salvaguarda de garantía del modelo español de subvenciones a las renovables.

    Fuentes del Ministerio de Industria español confirmaron que se ha enviado a Bruselas una carta conjunta con Alemania en la que se oponen al modelo propuesto por la Comisión de comercio de certificados que garantizan que una energía procede de fuentes renovables. La propuesta de Bruselas permitiría a las empresas comprar y vender al mejor postor esos certificados, de modo que los Estados que los compren podrían utilizarlos para alcanzar las exigencias impuestas por Bruselas.

    “Nosotros consideramos que este sistema provocaría una seria disfunción de los mercados que hará peligrar el objetivo del 20% fijado para 2020, además de poner en peligro también nuestro sistema de subvenciones, que se está demostrando muy eficaz”, señalaron fuentes españolas. España exige a la Comisión que modifique su propuesta y que permita al Gobierno controlar el comercio de certificados, de forma que las empresas sólo puedan venderlos cuando se haya cumplido con el objetivo del 19,5 % en renovables.



  • Fecha de la noticia: 2008-01-21
  • Fuente: Apecyl
  • Ambito: Local
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