Eólica, solar y cogeneración solicitan la retirada de los recortes al sector

Varias asociaciones renovables como AEE (Asociación Empresarial Eólica), Acogen (Asociación Española de Cogeneración) o Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica) han presentado alegaciones a la última reforma en materia energética aprobada por el Ejecutivo Central ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
La patronal eólica ha pedido que se retiren todas las medidas del Anteproyecto y del Real Decreto que afectan a las energías renovables y que “contradicen la normativa española y comunitaria”. La AEE califica de “desproporcionado” el impacto sufrido por el sector eólico ante un déficit de tarifa del cual no son responsables y que siempre ha cumplido con los objetivos marcados y ha presentado alegaciones ante la CNE con motivo de las dos normas presentadas por el Gobierno, a la propuesta de Orden de Peajes y a cinco propuestas más de reales decretos que afectan de primera mano al sector. Según la asociación, estas medidas podrían provocar un problema financiero grave que desencadenaría en el cierre de fábricas y de una destrucción masiva de empleo que se sumaría a la desaparición de alrededor de 3.500 puestos de trabajo en lo que va de año.
Entre las alegaciones destaca la petición de la AEE para retirar por completo el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico, a través del cual se modifica el modelo de retribución a las instalaciones del régimen especial fijando un nuevo sistema que supone limitar su retribución al 7,5% y, a la vez, aplicar esta misma vara de medir para los años anteriores. Una medida que puede suponer un impacto de entre 800 y 1.100 millones para este sector.
La Asociación de empresas eólicas considera de “retroactivas, discriminatorias y arbitrarias” las medidas reflejadas en el anteproyecto y en los reales decretos que provocan inseguridad jurídica e incertidumbre en el sector. Además, recalca que “el cambio tan radical en las reglas del juego provoca una grave reducción del incentivo a invertir en tecnologías limpias y autóctonas”. La organización afirma, además que “buscará las vías jurídicas adicionales que permitan reducir los desequilibrios e incertidumbre causados por la batería de medidas”.
Anpier (patronal de los pequeños inversores fotovoltaicos), por su parte, tampoco está de acuerdo en que se retribuya a las instalaciones por potencia instalada, en lugar de por energía generada, de forma que se volatiliza el espíritu de eficiencia e inversión.
Otra de las alegaciones de Anpier hace referencia al repetido uso de conceptos jurídicos indeterminados, que según la patronal «vulnera claramente el principio de seguridad jurídica». Entre ellos destacan el ya famoso término de «Rentabilidad razonable» o «empresa eficiente o bien gestionada», «precio medio estimado» e «ingresos estándar», entre otros.
La asociación califica de inconstitucional a una norma “que permite rebajar la retribución de las plantas por ayudas del pasado que ya han sido cobradas”. Asimismo considera escandalosamente inconstitucional» que se permita «la excepcionalidad retributiva de una planta en concreto, sin más justificación que el capricho del legislador».
Por su parte Acogen, que reconoce el esfuerzo realizado para recoger en las propuestas de reales decretos algunas de las singularidades específicas para el caso de la cogeneración, se muestra colaboradora a pesar de los momentos de incertidumbre que atraviesa esta industria con una oleada de cierres. Aun así, desarrolla un amplio despliegue de alegaciones, entre las que de nuevo aparece el sistema de retribución. En este caso, el sector considera que la metodología expuesta, «si bien puede ser factible para otras tecnologías, pudiera no ser adecuada a las características específicas y diversidades de funcionamiento de la cogeneración».