El TC acepta los recursos contra la supresión de las primas a las renovables interpuestos por Extremadura y Galicia

El Ejecutivo gallego presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto del al estimar que «invade competencias propias» de la Comunidad y con el objetivo de «proteger» sectores de energías «eficientes» como la eólica, el biogás, la biomasa y la cogeneración. La Xunta entiende que la norma estatal atenta contra la seguridad jurídica y genera «incerteza» en los agentes inversores. También alega que tendrá «un impacto económico limitado» a corto plazo en lo que respecta al déficit de tarifa, «un problema ya conocido desde hace años».
El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, afirma que la medida presenta un problema de inconstitucionalidad, ya que la denominada “tasa del 6%” atribuye al Gobierno central competencias propias de las comunidades autónomas.
En el caso de la comunidad extremeña, el Consejo de Gobierno decidió interponer el recurso «en defensa de los intereses de todos los extremeños» tras estudiar un informe del Consejo Consultivo extremeño elaborado a fin de decretar la aptitud del Real Decreto, en el que se plantearon los mismos problemas que argumentó el ejecutivo gallego. El informe consideraba como aspectos que «podían ser objeto de inconstitucionalidad» la idoneidad o no de emplear el procedimiento de «urgencia» de un real decreto ley en lugar de mediante un proyecto de ley; la posible vulneración del principio de «confianza legítima» y el principio de «igualdad».
Galicia y Extremadura interpusieron este recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Gobierno, como ya lo hiciese el Ejecutivo de Canarias, quien la semana pasada valoró como «buena noticia» la decisión del Tribunal Constitucional, al considerar que reafirma la tesis «de que el triunfo de las energías renovables será una realidad».
La interposición de este recurso no es un hecho aislado, sino que es la última de una serie de acciones legales tomadas por parte de los gobiernos autonómicos contra las trabas impuestas desde el gobierno central a las energías renovables.
No siempre es el Gobierno central el que impone medidas que perjudican al sector energético; un claro ejemplo fueron las tasas a la producción de energía impuestas por la Junta de Castilla y León e incluidas en la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, que gravan la afección medioambiental de la producción de energía eólica, hidráulica y de redes de transporte. En este caso, la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, APECYL, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ecootasa, al igual que la patronal del sector eléctrico, Unesa.