El Congreso aprueba las nuevas medidas fiscales para acabar con el déficit tarifario del sector energético

De esta manera, cada año, y a fin de eliminar el ya mencionado déficit del sector, los PGE destinarán una cantidad equivalente a lo que se estima que estas medidas recauden para financiar los costes de la energía y hacerla así más sostenible.
El otro punto fuerte del día es que se elimina la enmienda que cargaba el 38’8% de las primas de energías renovables y cogeneración a los presupuestos del estado, considerando de igual manera a todos los tipos de energía.
El proyecto propone la implantación de un impuesto general a todos los tipos de energía eléctrica del 6% y la creación de «céntimos verdes» para la generación de gas natural, carbón, gasóleo y fuel-oil. También se incorporan nuevos impuestos a las nucleares.
La oposición planteó 130 propuestas de enmienda, aunque tan sólo una fue atendida y aprobada, procedente del PNV y de carácter técnico, así que las negociaciones habrán de continuar en el Senado.
Grupos como el PSOE o Izquierda Plural han denostado abiertamente la medida.
Laia Ortiz, de IU-ICV-CHA, sostiene que esta reforma fiscal no conseguirá atajar el déficit, y considera necesaria una diferenciación fiscal, dando lugar a la llamada «fiscalidad verde», que figura en un texto paralelo que propone su partido.
La finalidad de dicha propuesta sería al igual que en la enmienda popular, acabar con el déficit tarifario, pero profundizando en el desarrollo de las energías renovables y penalizando los procesos nocivos para el medio ambiente.
En la misma línea, José Segura, del PSOE, pone en tela de jucio la efectividad de las medidas, porque consiste en un impuesto que «ya estamos pagando todos» y «podría llegar a ser inconstitucional». Criticó también el hecho de que se retiren las ayudas a las renovables, que han generado empleo y reducido la dependencia económica, por lo que propone un baremo de gravámenes y no equiparar todos los procesos de extracción de energía. De no ser así, afirma que el sector energético renovable español dejará de ser rentable y competitivo.
Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD se suma al rechazo argumentando que estas medidas sólo sirven para recaudar, y que se ha desperdiciado la oportunidad de reformar realmente el sector para solucionar los verdaderos problemas, ya que sólo se están poniendo «parches».
Gorriarán añade que esta ley afecta en gran parte a la salida de la crisis, puesto que afecta a la competitividad del sector industrial. Resumió la situación con una metáfora: «Mi mayor crítica es que al final se receta aceite de ricino para todos los damnificados, estén sanos o estén enfermos»
Josep Sánche Lliure de CiU coincide mayoritariamente con el parlamentario de UPyD ya que lamentó que se haya «perdido una gran oportunidad de plantear una reforma global para conseguir un sistema más competitivo» y apunta que «representará un hachazo muy importante a la competitividad de nuestro tejido industrial, que conllevará graves perjuicios a la economía productiva española»
Pedro Azpiazu, del PNV, está de acuerdo en que el déficit tarifario es un problema que hay que enmendar con la mayor brevedad posible, pero si las medidas no tienden a crear un nuevo marco energético a medio largo plazo, la solución no servirá para nada. Azpiazu pide la reconsideración al gobierno de equiparar el gravamen de todos los tipos de energía, especialmente en el caso de la cogeneración, ya que el sector industrial vasco emplea este procedimiento de manera generalizada.
Compromís-Equo y el BNG también rechazan la aprobación de la ley argumentando que el afectado final será la viabilidad de la industria y que el principio de «quien contamina, paga» es obviado totalmente.
El Portavoz del PP de Industria, Antonio Erias defiende que el objetivo es evitar que este déficit tarifario acabe siendo déficit público y exculpa a su partido diciendo que este problema parte de medidas tomadas por el anterior ejecutivo. «La economía y los sectores productivos reclaman una mejora de la competitividad»