APPA advierte que las subvenciones al biodiésel de Estados Unidos pueden acabar con la industria española

Según APPA, en un año el biodiésel procedente de Estados Unidos ha pasado de ser una porción insignificante a ostentar prácticamente el 50% del mercado español. Este giro lo ha favorecido el doble subsidio que recibe el biodiésel estadounidense: en origen y en su destino.

En Estados Unidos, el biodiésel se beneficia de un crédito fiscal establecido en 2004, que asciende a un dólar por galón (3,8 litros) de biodiésel mezclado con gasóleo. Esto tiene el efecto práctico de que, añadiendo una sola gota de gasóleo, se puede obtener un subsidio de 0,20 euros por cada litro de biodiésel. Y en España, el biodiésel importado vuelve a beneficiarse del tipo cero en el Impuesto Especial de Hidrocarburos, establecido para promover los biocarburantes. Es decir, 0,278 euros por litro.

Si se tienen en cuenta ambos beneficios fiscales, el biodiésel estadounidense puede ponerse a la venta por menos de 66 céntimos, mientras que el coste estándar de producción en las fábricas españolas se sitúa por encima de 75 céntimos. APPA señala que éste último sería el coste para las fábricas estadounidenses si no contasen con beneficios fiscales.

Por otra parte, los mecanismos arancelarios vigentes no equilibran esta situación, pues el gravamen aplicable en la UE al biodiésel de Estados Unidos y del resto de países sin acuerdos preferenciales con la UE resulta insuficiente para compensar estos beneficios. Roderic Miralles, presidente de la sección de biocarburantes de APPA, advierte que “de no ponerse coto a este dumping fiscal, las importaciones subvencionadas pueden hacerse con la práctica totalidad del mercado español de biodiésel, condenando a la industria española a cerrar sus puertas”.

En España existen 22 plantas de biodiésel operativas, muchas de las cuales se han visto ya obligadas a reducir o detener su actividad. APPA Biocarburantes considera que es necesario acabar con esta competencia desleal. Para ello propone que se condicione la actual aplicación del tipo cero en el Impuesto Especial de Hidrocarburos a que sus importadores demuestren documentalmente estar libres de subvenciones o créditos fiscales en origen. Ya se ha presentado al Gobierno un dictamen jurídico que avala esta propuesta, cuya implementación requeriría la modificación del actual Reglamento de Impuestos Especiales conforme a una redacción articulada propuesta por APPA Biocarburantes.

Según APPA, sería paradójico que, si la situación actual se mantiene, la política de fomento de producción de biocarburantes estaría teniendo precisamente el efecto contrario. «En caso de que el gobierno no adopte de inmediato las medidas regulatorias estructurales necesarias para frenar las importaciones masivas de biodiésel subvencionado, toda la política de fomento de los biocarburantes se hundirá irremisiblemente como un castillo de naipes», explica Miralles. Y añade que «se daría la paradójica y aberrante situación de que el establecimiento de una obligación de biocarburantes sólo serviría para realimentar la competencia desleal de las importaciones, imposibilitando a la industria nacional poder competir en su mercado natural”.

En su comunicado, APPA califica de «perverso y lamentable» el hecho de que las propias empresas petroleras españolas sean las principales importadoras del biodiésel norteamericano. Según la Asociación, «las petroleras se están lucrando sigilosamente de esta anómala situación, sin trasladar a los consumidores el ahorro extra que ello les reporta». Aunque, señala APPA, esta actuación es legal y legítima, va en detrimento de los fines de desarrollo agroindustrial autóctono de la política española de fomento de la producción de biocarburantes. Por ello, sostiene que las petroleras deberían apostar a fondo por el aprovisionamiento de biodiésel de producción nacional.

Según la estimación provisional de APPA Biocarburantes, la producción de la industria española de biodiésel se situó en 2007, con 31 plantas operativas a final de año, sobre las 170.000 toneladas, de las que el 90% se destinaron al mercado nacional. A pesar de que la capacidad instalada se ha multiplicado por tres, y supera ya las 800.000 toneladas, las ventas de las fábricas nacionales sólo se incrementaron un 30% en 2007 con respecto a 2006.