Industria prepara una normativa para castigar el fraude en la energía solar

    Según el Código Penal, las personas que incurran en la falsificación de documentos públicos, oficiales o mercantiles pondrá ser sancionadas con penas de entre 6 y 3 años de cárcel y multas. En el caso de que el falsificador sea una autoridad o funcionario público, las penas de prisión van de 3 a 6 años y podrán ser sancionados también con entre dos y seis años de inhabilitación.

    La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) pidió que las instalaciones que se demuestre que están indebidamente registradas para cobrar las antiguas primas a la producción sean inhabilitadas para recibir las ayudas públicas. La CNE constató que 4.189 instalaciones fotovoltaicas, que suman el 13,3 por ciento de la potencia inscrita, no vertían energía en el sistema eléctrico el 30 de septiembre de 2008, fecha en la que concluyó la vigencia del anterior régimen retributivo.

    Posteriormente, el pasado 11 de diciembre, la CNE aprobó un plan de inspección de instalaciones solares fotovoltaicas, eólicas y de cogeneración para determinar qué plantas tienen derecho a disfrutar de las anteriores primas. ASIF consideró “muy oportuno” que la CNE inspeccione las instalaciones para conocer por qué no estaban aportando electricidad al sistema, y pidió que si se encuentran irregularidades “se identifique a los responsables y se apliquen las sanciones correspondientes con el máximo rigor”.



  • Fecha de la noticia: 2008-12-20
  • Fuente: Apecyl
  • Ambito: Local
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