Cuatro grandes fondos de renovables piden negociar con el Gobierno para lograr un acuerdo amistoso

Cuatro grandes fondos de inversión internacionales (Antin, Eiser, InfraRed y Renergy) han solicitado formalmente al Gobierno una negociación sobre los recientes cambios legislativos que inciden directamente en los costes de la producción de la energía eólica y en la orden de peajes y primas a las renovables. En este sentido, buscan comenzar el diálogo con José Manuel Soria, titular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para alcanzar un acuerdo amistoso y beneficioso para todas las partes.
La solicitud de estos cuatro grandes grupos se ha realizado al amparo del Tratado de La Carta Europea de la Energía, que crea un marco de cooperación internacional entre los países de Europa y otros países industrializados, con el objetivo fundamental de fomentar el potencial energético e impulsar las políticas de eficacia energética compatibles con el desarrollo sostenible.
Afirman que las inversiones se realizaron atendiendo a las expectativas “razonables y legítimas de que España mantendría sus compromisos y proporcionaría un marco estable”, algo que en este momento no se está cumpliendo por los numerosos cambios normativos introducidos por el Ejecutivo.
“Estos cambios legislativos, que de forma retroactiva afectan a las plantas que ya están en funcionamiento o en construcción, frustran las expectativas razonables y legítimas de los inversores, y la premisa sobre la cual estos inversores destinaron un importante capital a proyectos de energías renovables en España”, recalca un representante de los cuatro grupos de inversión con presencia en el panorama eólico nacional.
Reforma energética
También aprovechan para mostrar su preocupación por la próxima reforma energética ya que creen que podría causar incluso un daño mayor a las inversiones efectuadas en el sector eólico en España. En su opinión, todas estas acciones se oponen frontalmente a las obligaciones adquiridas por el país en el Tratado de La Carta Europea de la Energía y están causando daños reales en el sector.
Las inversiones en estos sectores requieren un marco regulatorio fiable, a largo plazo y, concretamente en el caso de las energías renovables, un régimen de apoyo estable y previsible, ya que, al contrario que lo que ocurre en la generación tradicional, los productores verdes no pueden repercutir el aumento de los costes de generación en el precio final de la factura de la luz.
Según lo establecido en La Carta de la Energía, las disputas que puedan surgir entre inversores y el Estado han de resolverse, si es posible, de forma amigable. En las cartas que los inversores han remitido ya al Gobierno de España, se pide comenzar a abrir las vías de diálogo para logar este acuerdo amistoso. Hasta el momento, a pesar de los numerosos intentos por parte de los inversores de reunirse con el Gobierno de España, esto no ha sido posible, por lo que los inversores continúan a la espera de una respuesta favorable.
Y en el caso de que la controversia no se resuelve de forma amigable, los inversores tienen la opción de someter sus reclamaciones a arbitraje internacional, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado.