Apecyl denuncia que promotores sorianos barajan invertir en Aragón la potencia eólica de la subasta de renovables

La provincia de Soria opta a acoger el mayor número posible de inversiones eólicas en su territorio, aunque ya habría promotores que «podrían construir en la zona de Gallur», avanza Javier Gracia, presidente de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl). La falta de publicidad del fin de la denominada ‘ecotasa’ por parte de la Junta de Castilla y León sumada a las ventajas instauradas por el Gobierno de Aragón en cuanto a la reducción de los trámites de gestión, hace que la parte correspondiente a Soria en la subasta de renovables celebrada el miércoles sea «de momento pequeña».

La provincia tiene capacidad para instalar 250 megavatios (MW), lo que supondría la creación de 950 los puestos de trabajo, de los que 180 se alargarían en el tiempo. En toda Castilla y León es posible considerar unos 500 MW de la subasta.

La región tiene capacidad de evacuación de 1.850 nuevos megavatios, lo que supondría 7.100 empleos y 1.350 directos, de explotación y mantenimiento. En la subasta se adjudicaba la potencia, que no los proyectos en lugares concretos. Arrasaron en la puja de energías renovables las eólicas aragonesas Forestalia y Brial, con 1.200 y 237 megavatios de los 3.000 que había puesto en juego el Gobierno de España. Por ello serán los aragoneses quienes tendrán en su mano la decisión de dónde ubicar casi la mitad de lo repartido.

Presumiblemente en su Comunidad. «Los mensajes del Gobierno regional aragonés sí han sabido atraer inversión local y, si se confirma el interés de General Electric, internacional», resume Gracia. La corporación de origen estadounidense, que como socio tecnológico sería la que suministre los aerogeneradores, «no fabrica en España», apunta.

A mediados del año pasado, el Ejecutivo aragonés anunció que agilizaría los trámites en el sector de las energías renovables mediante la declaración de interés autonómico de este tipo de proyectos. Esto permite a los promotores reducir a la mitad los trámites de gestión, incluida la declaración de impacto ambiental. Ello, unido a la fuerte apuesta de las empresas aragonesas, sobre todo de Forestalia, ha hecho cumplir esas predicciones.

Promotores de Soria a Gallur

Según critican los promotores de Castilla y León, no ayuda a la región la falta de publicidad del fin de la ecotasa del 4% para las nuevas construcciones y el progresivo descenso de la misma a los parques ya instalados. De hecho, y a pesar de que el sector eólico castellano y leonés es «el más potente de toda España» por megavatios instalados y energía producida, hay promotores de Soria que «podrían construir en la zona de Gallur», en la vecina Aragón. Es en los próximos seis meses cuando las empresas adjudicatarias deben detallar la ubicación de sus parques eólicos. Tendrán que tenerlos en funcionamiento antes de finales de 2019. La causa es que el Gobierno pretende asegurarse que el 20% de la producción sea renovable un año después y cumplir con las exigencias de la Unión Europea para 2020.

La consecuencia es que estos seis meses serán claves para el devenir del futuro del sector eólico en la región y, por ende, en la provincia. El objetivo, en el que entra en juego la Junta de Castilla y León, es mimar a los promotores, de modo que decidan invertir esa potencia en la región. «Quedan seis meses para poner nombres y apellidos a los parques», sentencia Gracia. Según la información que maneja, «en Castilla y León podemos considerar ya unos 500 MW». Eso sí, la Junta «debe asegurarlos y atraer más volumen». Para eso, añade, «hay que trabajar más y muy duro; no valen conversaciones de pasillo y al vuelo», indica.

Conocida la fecha de la subasta, desde Apecyl los promotores castellano y leoneses escribieron sendas misivas al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. La contestación incluía una pronta reunión que, sin embargo, no ha tenido lugar. «Puede pasar cualquier cosa, pero para un promotor, si ha de elegir entre una comunidad con mayor o menor fiscalidad, es muy posible que elija la segunda», añade Gracia. Podría ser el caso de Endesa (500 MW) o Gas Natural Fenosa (650MW). En esta última estaría presente la Caja Rural de Soria, al ser participada de Gas Natural Fenosa Ruralia. Ambas multinacionales cuentan con proyectos en las comunidades de Aragón y Castilla y León, además de en otras. El objetivo, explica el presidente de los promotores de la región, no es otro que «atraerlas hacia aquí».

«A la vista del resultado, puede dar más paso a la especulación que suba el precio de la energía»

«La subasta no ha sabido subsanar los errores que se detectaron en la anterior», sentencia Javier Gracia, presidente de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl).

El proceso no ha estado exento de críticas. Los oferentes pujaban por paquetes de 200 megavatios (MW), de los que Forestalia se llevó seis. El volumen a adquirir era, de hecho, uno de los criterios de desempate. Pero ello, según Gracia, «quizá haya servido solo para capitalizar fondos de inversión extranjeros». Lo explica en relación al socio de la empresa aragonesa, la multinacional General Electric.

Otro de los puntos conflictivos fue las horas de funcionamiento de generación eléctrica. El Ministerio de Energía le daba en la Orden Ministerial más horas de producción anual a la eólica que a la fotovoltaica, un criterio que en caso de empate prevalecía para la primera. De este modo, de los 3.000 megavatios en juego, 2.979 MW han terminado en manos de los promotores eólicos, 1 MW a instalaciones fotovoltaicas y 20 MW al resto de tecnologías. «La subasta, como se ha planteado y a la vista del resultado, puede dar más paso a una especulación que suba el precio de la energía, que al objetivo perseguido por la Unión Europea, que es abaratar los costes de la energía para hacernos industrialmente más competitivos», critica.

Asegura que es evidente que «la industria en general y las renovables en particular necesitan inmediatamente una simplificación sustancial de los trámites». Esta simplificación, en su opinión, habrá de venir dada «por el empoderamiento del consumidor final, particulares y empresas». Así, este tipo de subastas «dejarán paso a, sencillamente, una planificación racional en un mercado libre».