Apecyl considera la ‘ecotasa’ un lastre para Castilla y León y estima la instalación de 600 MW eólicos en la Comunidad, de los 4.600 subastados

La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) estima como “posible” la instalación en la Comunidad, de entre 500 y 600 MW hasta 2020, de los 4.600 eólicos subastados por el Gobierno entre 2016 y 2017. Un dato que el secretario de la organización, Eugenio García Tejerina, consideró un “fracaso” porque se aleja mucho de la capacidad de instalación de la Comunidad, situada en 1.800 MW, tras un lustro sin inversiones. Al respecto, apeló a la Junta para que elimine del todo la ‘ecotasa’ para captar a más promotores para Castilla y León.

Tejerina sentenció que la “primera foto” tras las tres subastas energéticas con fines medioambientales no puede ser de satisfacción para el sector regional, con resultados llamativos por la adjudicación a determinados grupos empresariales sin intereses en la Comunidad, como los de Aragón. Unos resultados que les hacen estimar que la Comunidad, pese a estar a la cabeza de España en potencia eólica instalada, con el 25 por ciento del total, apenas logrará un tercio de la previsión inicial de Apecyl y el 13 por ciento del global repartido en España.

Apecyl hizo su estimación conforme a la capacidad de evacuación energética, imprescindible para que cualquier proyecto vea la luz, prevista en los programas de infraestructuras de Red Eléctrica Española y el Ministerio hasta 2020. Cuando hizo sus estimaciones, Apecyl habló de un impulso inversor de 2.400 millones y la generación de 9.000 empleos, que ahora se quedarán sensiblemente mermados.

García Tejerina incidió en que la cifra de entre 500 y 600 MW es una hipótesis inicial basada en sus datos sobre los intereses económicos de los promotores adjudicatarios durante la subasta, que deberán ahora poner nombre y apellidos a los proyectos, antes de final de año, y cerrar dónde se instalarán finalmente. En este sentido, aseguró que desde la asociación a la que representa “seguirán trabajando para que la foto inicial mejore” y no “tiran la toalla” para intentar aproximarse a entre 1.500 y 1.800 MW.

Así, García Tejerina puso sobre la mesa esta circunstancia para una autonomía con infraestructuras de evacuación planificadas y en ejecución y con múltiples proyectos en los estadios finales de la tramitación administrativa, que dura años. Al respecto, remarcó que muchos proyectos previstos en otros territorios por los promotores adjudicatarios tendrán graves dificultades por los factores de evacuación de la energía y tramitación administrativa, y podrían trasladarse a la Comunidad, comprando los que ya están maduros o mediante asociaciones con los promotores locales.

Sin embargo, advirtió de que la rentabilidad es el objetivo clave de todas estas actuaciones y si acudieron a la subasta a coste cero, esta estará muy ajustada, y desistirán de acudir a la Comunidad, ante el impacto global de la ecotasa en las cuentas. Recordó que el Gobierno autonómico modificó parcialmente este tributo eliminándolo durante cinco años para los proyectos nuevos, pero “las rentabilidades se miden a 30 año y su impacto echará para atrás la instalación en Castilla y León”.

El lastre de la ecotasa

García Tejerina reclamó a la Junta que “sea más ambiciosa”, recapacite y elimine totalmente la ecotasa si quiere revertir los malos resultados de la subasta energética, y apeló a hacer números sobre las ventajas económicas y fiscales de la implantación de estos proyectos frente a un gravamen que se estableció por necesidades de ingresos en plena crisis. “La ecotasa es un hándicap para la instalación de los proyectos, es un peaje fiscal que no existe en otros territorios”, sentenció.

García Tejerina remarcó asimismo que es preciso que este tributo deje de gravar las instalaciones, porque también sufrieron la modificación de las primas, que desplomaron sus rentabilidades a la mitad por una decisión gubernamental. Agregó que carece de sentido gravar una actividad con beneficios medioambientales, y subvencionar a otras con impacto directo como el carbón, cuando hay que cumplir unos compromisos internacionales con el clima.

Por último, defendió su apuesta por la potente industria regional ligada a la energía eólica, una actividad de componentes que ha sobrevivido, dijo, pese al lustro en blanco en las inversiones en Castilla y León, gracias a su apuesta por la exportación. Y que ahora podría seguir su expansión si se lograsen proyectos suficientes par cubrir las capacidades regionales.

30.000 empleos en España

La Asociación Empresarial Eólica considera que los 4.600 MW en las subastas de 2016 y 2017 (1.128 en la última del 26 de julio) con derecho a incentivos permitirá la instalación de proyectos que supondrá inversiones superiores a los 4.500 millones de euros y la creación de entre 25.000 y 30.000 empleos directos e indirectos en la fase de construcción en España.

El resultado de estas subastas muestra según AEE que “la eólica es, en la actualidad, la tecnología que puede aportar más energía al cumplimiento de los objetivos de 2020 a un menor coste para el sistema”. Aún así, el sector cree, más que nunca, que es necesaria una Planificación Energética para los próximos años que tenga en cuenta las necesidades energéticas y de descarbonización del país a largo plazo, que garantice un mix equilibrado entre las diferentes tecnologías, dentro del ámbito de un futuro mercado eléctrico que debe permitir la incorporación de tanta potencia renovable sin poner en riesgo las inversiones.

Ello implica que se dé visibilidad al sector renovable con un calendario de subastas que, más allá incluso de los objetivos europeos a 2020, tenga en cuenta tanto los compromisos internacionales en materia medioambiental (el Acuerdo de París y los Objetivos de la UE a 2030) como los hitos necesarios de cara a una ordenada Transición Energética.

La Asociación Empresarial Eólica insiste en que los 23.000 MW eólicos instalados en España desde los años 90 lo hicieron en un momento de menor madurez tecnológica y diferentes condiciones financieras y, por lo tanto, con mayores costes, por lo que deben respetarse los incentivos hasta el final de su vida útil regulatoria. Esto pasa necesariamente, aseguran, por no modificar la rentabilidad razonable de los proyectos cada seis años durante su vida útil regulatoria, potestad que tiene el Gobierno a raíz de la Reforma Energética y que podría ejercer por primera vez en 2020.