APECYL alerta sobre el perjudicial retraso de la infraestructura eléctrica

La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (APECYL) ha suscrito con el Ente Regional de la Energía (EREN) un documento que remitirá a Red Eléctrica Española en relación con el retraso de la infraestructura eléctrica necesaria para evacuar a la red la producción eólica y la resolución de solicitudes de acceso a la red eléctrica de las instalaciones eólicas, que parece ser que se pretenden utilizar como una forma de hacer efectiva una asignación inadmisible de potencias por comunidades. Ambas delegaciones, encabezadas por el viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado; el director del EREN, Ricardo González Mantero; y el presidente de APECYL, Javier Gracia Bernal, han analizado la situación del sector eólico en Castilla y León, que se enfrenta también a otra cuestión perjudicial como la intención del Gobierno de modificar el marco retributivo a pesar de la oposición de empresas promotoras, ecologistas, sindicatos o la propia Comisión Nacional de la Energía.




• Fecha publicación: 2007-03-08
• Fuente: APECYL

Los promotores asociados a APECYL han rubricado un documento que remitirán a Red Eléctrica en el que aseguran que “ante la gravedad de la situación existente derivada de la demora por parte de REE de la suscripción de los correspondientes CTA’s y la ralentización de la ejecución de las obras de la línea Tordesillas-Galapagar, que estaba previsto que entrase en servicio a lo largo del año 2006, y con el objeto de desbloquear la actual situación de paralización de los procedimientos de acceso y conexión, APECYL continúa trabajando conforme a la planificación eólica efectuada por la Junta de Castilla y León y solicitan su cumplimiento por parte REE concediendo los CTA’s a los parques incluidos en dicha planificación, además de un compromiso por su parte en una fecha de finalización de la línea Tordesillas-Galapagar”.


En dicho documento, los miembros de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León también se comprometen a que sus parques estén adscritos a algún centro de control antes de que finalice el presente mes de marzo.

La no ejecución o el considerable retraso en la realización de las necesarias infraestructuras eléctricas y la injustificada ralentización del otorgamiento de los contratos de acceso a la red por parte de REE, además de un grave incumplimiento de sus obligaciones legalmente establecidas, está ya generando y puede llegar ocasionar a corto plazo gravísimos perjuicios al desarrollo del sector eólico y de las energías renovables en nuestra Comunidad, con notable quebranto patrimonial para las numerosas empresas afectadas por esta injustificable situación.


Apoyo de la Junta de Castilla y León
El viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado, ha asegurado que el Ejecutivo regional “comparte” la preocupación de APECYL por el retraso de las infraestructuras eléctricas. “Nosotros cumplimos y estamos de la mano de APECYL, por este motivo no cesaremos en defender la energía eólica porque genera progreso, empleo y riqueza”. Delgado ha insistido en que la Junta “hará gestiones para que no haya paralización, confiamos en su inteligencia y su saber hacer”.


Por lo que respecta a la intención del Gobierno de modificar el Real Decreto 436/2004, el presidente de APECYL, Javier Gracia Bernal, subrayó que este hecho imposibilitaría el cumplimiento de los objetivos marcados desde el Ejecutivo para la implantación de las energías alternativas y autóctonas al mix energético nacional. Gracia Bernal enfatizó que la iniciativa gubernamental afectaría a los proyectos existentes en la región, con 2.800 megavatios con autorización administrativa y 2.062 en funcionamiento. “Estamos hablando de una medida muy perjudicial para el sector y para toda la Comunidad. No en vano, Castilla y León es puntera incluso a niveles internacionales en todo lo concerniente a la energía eólica y vería frenada de golpe su buena evolución por una normativa que supondría la reducción de los ingresos del sector en un 30%”.


Así las cosas, “se frenaría la inversión y posiblemente se trasladarían los recursos económicos y humanos a otros mercados. No nos lo podemos permitir. Ni por criterios de economía, ni por criterios de independencia energética y menos aún por criterios de despoblación, algo que en Castilla y León nos preocupa enormemente. Corregir el posible error llevaría años. Volver a organizar la creación de empleo en fabricación y explotación y la maduración de infraestructuras y su posterior ejecución no es algo que se pueda retomar fácilmente”, subrayó Javier Gracia Bernal. Por poner un ejemplo, con un ritmo que nos permita llegar a 6.000 megavatios en 2010 “estaríamos generando unos ingresos anuales de 30 millones de euros solo en concepto de ocupación de terreno e impuestos como IBI, IAE y licencia de obras”.