3.000 millones de euros de inversión en Castilla y León, en peligro

El retraso de la infraestructura eléctrica necesaria (por ejemplo, la interconexión entre Galicia y Madrid que pasa por Castilla y León) y que parece ser que se pretende utilizar como una forma de hacer efectiva una asignación inadmisible de potencias por Comunidades, y el borrador de modificación del Real Decreto 436/2004 que prepara el Ministerio de Industria para cambiar la retribución a la generación de energía en régimen especial ponen en peligro los más de 2.800 megavatios que cuentan en Castilla y León con autorización administrativa y están pendientes de ejecutarse, informa la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (APECYL). La iniciativa gubernamental, que ha encontrado firme oposición en sindicatos, organizaciones ecologistas, empresas del sector y la propia Comisión Nacional de la Energía (CNE), traería consigo la imposibilidad de cumplir con los objetivos marcados por el propio Ejecutivo en relación con la implantación de las energías alternativas y autóctonas al mix energético nacional.




• Fecha publicación: 2007-01-26
• Fuente: APECYL

Las previsiones de la Junta de Castilla y León hablan de triplicar los megavatios eólicos en funcionamiento pero, en caso de que no se cree la infraestructura necesaria, las cifras serían inalcanzables y si finalmente se aprueba el borrador en sus actuales términos, la colaboración de los promotores en la generación de infraestructuras y las inversiones necesarias en nuevos proyectos podrían verse comprometidas. El presidente de APECYL, Javier Gracia Bernal, señala que a día de hoy los proyectos existentes en la región y que ya cuentan con la autorización administrativa del Ejecutivo regional superan los 2.800 megavatios, a los que habría que añadir los más de 2.000 que ya están en funcionamiento. “Estamos hablando de una medida muy perjudicial para el sector y para toda la Comunidad. No en vano, Castilla y León es puntera incluso a niveles internacionales en todo lo concerniente a la energía eólica y vería frenada de golpe su buena evolución por una normativa que supondría la reducción de los ingresos del sector en un 30%”.


Así las cosas, “se frenaría la inversión y posiblemente se trasladarían los recursos económicos y humanos a otros mercados. No nos lo podemos permitir. Ni por criterios de economía, ni por criterios de independencia energética y menos aún por criterios de despoblación, algo que en Castilla y León nos preocupa enormemente. Corregir el posible error llevaría años. Volver a organizar la creación de empleo en fabricación y explotación y la maduración de infraestructuras y su posterior ejecución no es algo que se pueda retomar fácilmente”, enfatiza Javier Gracia Bernal.