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APECYL recurrirá ante los tribunales la nueva regulación sobre las renovables

Los ingresos de las eólicas se reducirán en 60 millones de euros por el cambio normativo. «Los continuos cambios de criterio nos desprestigian en el exterior», denuncia el presidente de la patronal eólica de Castilla y León.

La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) recurrirá ante los tribunales el Real Decreto 413/2014 aprobado por el Gobierno.
El nuevo sistema de retribución a renovables, cogeneración y residuos podría implicar un recorte anual de unos 1.700 millones anuales. El presidente de Apecyl calificó de “escenario extraño” el que se conforma tras la aplicación de este nuevo marco normativo, que afecta a un 100% de las empresas instaladas en Soria. Un 40% de ellas dejará de cobrar primas al haber alcanzado una “rentabilidad razonable” por su antigüedad.
Apecyl se suma a otras muchas asociaciones que prevén presentar demandas al considerar que con la aprobación de esta nueva regulación se quiebra el escenario de seguridad jurídica. En los próximos años podría producirse una cascada de demandas cuya resolución, según el presidente de Apecyl, podría alargarse entre siete y diez años.
Javier Gracia señaló que “no es aplicable un recorte retributivo a instalaciones anteriores a la publicación del Real Decreto” por lo que la asociación que representa presentarán una “demanda” ya que están afectadas por la nueva regulación “el 100% de las instalaciones eólicas de Soria”. El 40% de los parques eólicos de la provincia no seguirán cobrando, puesto que “su antigüedad les ha permitido alcanzar una rentabilidad razonable”.
“La situación es la que teníamos prevista”, indicaba Javier Gracia, quien señalaba que “estas prácticas aprobadas por el Gobierno pueden derivar en una responsabilidad patrimonial del Estado español. “Se produce una paradoja porque los receptores de las indemnizaciones podrían ser en ese plazo inversores extranjeros que compran compañías a precio de saldo”, señaló el presidente de Apecyl. Además, puntualizó que el escenario que resulta de la aplicación del Real Decreto conllevará que las instalaciones que cobren primas tengan un 4% de rentabilidad real. El presidente estimó que “lo normal es que nadie alcance rentabilidades, el objetivo será que todas las sociedades tengan flujos de caja positivos”.
Señaló también que las “revisiones” se producirán cada tres años, por lo que la ley está “llena de aspectos revisables con periodicidad anual o bianual”. De tal modo, la nueva normativa es una regulación “incompleta” que produce una “inestabilidad que asusta”.
Se trata de una medida “recaudatoria” señaló el presidente de Apecyl quien añadió que con esta nueva regulación “no ganamos competitividad en Europa, la energía se hace más cara y se destruye industria”. Por suerte, indicaba Gracia “las empresas instaladas en Soria podrán soportar el cambio”.
“La nueva ley frena las expectativas de expansión en España”, indicó Javier Gracia, quien reconoció, no obstante, que mucha más potencia no se iba a instalar. “La paradoja es que hay un diseño pensado para una situación económica para dos años complicada y servida en bandeja a fondos de inversión extranjeros que sí están viniendo a buscar inversión y está preguntando si alguien tiene apuros para comprar el parque”.
Es un escenario especialmente extraño: el precio de la energía al productor es cada día más alto”, valoró el presidente de Apecyl, quien apuntó que el precio del megavatio/hora ha sido en el primer cuatrimestre del 2014 de 20€ para el productor, mientras que el consumidor ha pagado por la misma cantidad 180€. “La ley sigue dejando cosas abiertas, ha cerrado algunas incógnitas pero lo sorprendente es que podría haber cerrado más y no lo ha hecho”, indicó Javier Gracia, quien consideró que en el nuevo escenario “lo más importante es que se recupere la demanda de energía, lo que será una consecuencia de la recuperación de empleo”.

14/06/2014
Fuente: 
Apecyl

Industria propone una regulación restrictiva para las nuevas eólicas

El departamento de Miguel Sebastián está trabajando a fondo en una regulación para las instalaciones eólicas que comiencen a funcionar el 1 de enero de 2013, toda vez que a finales del próximo año vence el actual marco regulatorio del real decreto 661/2007.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) señalaba recientemente que si la nueva regulación no se aprueba antes del 20 de noviembre, "la incertidumbre regulatoria podría alargarse un año más", con el consiguiente freno de las inversiones. Esta asociación parece haber convencido al ministerio, que, pese a las declaraciones realizadas en julio por Sebastián apuntando a que la norma no se aprobaría en esta legislatura, sigue trabajando en una propuesta que podría remitir a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Consejo de Estado en los próximos días.

La propuesta, que Industria quiere sacar adelante para evitar el parón del sector, es, según fuentes próximas al ministerio, "acorde" con la situación actual de déficit de tarifa; con la maduración que ha alcanzado la energía eólica, que representa un 16% de la capacidad instalada, y con una rentabilidad que le permitirá acceder al crédito a través de project finance. En definitiva, una regulación más restrictiva en cuanto a primas a cobrar; número de horas primadas (unas 1.500 horas anuales) y los años en que se percibirán, que pasan de los 20 actuales a 12 (hasta 2025).

El modelo, según las mismas fuentes, garantiza un suelo a cobrar en todas las horas de funcionamiento de las plantas, calculado para permitir la financiación de las instalaciones, aunque será variable y se ajustará cada año. En cuanto a la prima, esta no se cobrará todas las horas, sino en parte de ellas, para que todas las instalaciones estén expuestas al mercado.

Fuentes empresariales consideran que la propuesta, aunque ha mejorado respecto a la inicial, supone una reducción notable de las primas; de las horas (inferiores a las 2.300 horas de media al año que consideran adecuadas), y de los años en que se percibirán, hasta el punto de que la consideran, hoy por hoy, inviable. Frente al suelo del sistema actual, que garantiza incluso los costes de operación, en la norma en discusión solo se tiene en cuenta el retorno de la inversión, lo que, según las empresas, no es admisible para las entidades financieras.

20/09/2011
Fuente: 
Apecyl