reforma

Greenpeace urge al Gobierno que desmonte su reforma energética

La organización ecologista ha difundido un comunicado en el que pide al Ejecutivo que desmonte "la desastrosa reforma energética que ha provocado los numerosos arbitrajes internacionales contra España y construya una nueva política energética que conduzca a un sistema eficiente, inteligente y 100% renovable en el que se restablezca la confianza y la estabilidad que permiten el desarrollo de las soluciones al cambio climático".

La demanda de Greenpeace llega horas después de que se haya hecho pública la resolución del Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado que condena a España a indemnizar a dos empresas que denunciaron el hachazo a las renovables. La organización ecologista señala que este fallo pone en evidencia "la nefasta política energética de los diferentes Gobiernos desde 2010 hasta hoy que, con la excusa de acabar con el déficit de tarifa ha ocasionado la paralización de las energías renovables en España y va a provocar cuantiosas multas que deberán ser pagadas por toda la ciudadanía".

Así, los ecologistas piden que se desmonte "la desastrosa reforma energética que ha provocado los numerosos arbitrajes internacionales contra España". La responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Sara Pizzinato, denuncia además el gasto que ya ha hecho el Gobierno para defenderse de todos los pleitos internacionales: "el Estado lleva gastados entre 8 y 13 millones de euros en abogados y consultores que serán pagados por la ciudadanía". A esa cuantía hay que añadirle ahora el montante de la indemnización establecida por la cort internacional: 128 millones de euros más los intereses.

Greenpeace señala en su comunicado los tres frentes en los que ha sido negativa la reforma:

1. Se ha paralizado la lucha contra el cambio climático con costes para el medio ambiente, la salud e incluso la economía. Según datos del Magrama, desde 2013 las emisiones de España han vuelto a aumentar tras la crisis económica, al contrario de la tendencia europea.

2. Se ha retrasado la transición hacia un sistema eficiente, inteligente y 100% renovable, con el que la ciudadanía se ahorraría un 34% en facturas energéticas, miles de millones en importaciones energéticas y se crearían más de tres millones de empleos. Bloquear las inversiones en renovables ha impedido que este sector contribuyera a la salida de la crisis económica y de empleo.

3. La defensa del Reino de España en las decenas de arbitrajes internacionales a causa de las malas decisiones gubernamentales cuesta millones de euros a la ciudadanía. Y si, finalmente, como es razonable pensar, se tendrá que indemnizar a los fondos internacionales que se vieron afectados por las medidas retroactivas, el Estado habrá impuesto a la transición energética unos sobrecostes y un retraso innecesarios.

Cabe recordar que tan solo los fondos internacionales o grandes empresas extranjeras han tenido la posibilidad de acudir a los tribunales internacionales de arbitrajes para reclamar al Estado español, lo que les prometió por ley cuando invirtieron; mientras que los particulares y pequeños inversores, que también habían confiado en la ley para invertir en renovables, solo han podido organizarse y protestar.

Así, Greenpeace pide al Gobierno español "que tome medidas urgentes para restablecer la seguridad jurídica en el sector renovable con especial atención para los actores no profesionales". Este es un problema -explican los ecologistas- que ha identificado incluso la propia Comisión Europea que "ha incluido una disposición en la propuesta de revisión de la Directiva Europea de Energías Renovables para evitar cambios retroactivos en la financiación y los mecanismos de apoyo a las energías renovables".

Ciadi

El fallo de este organismo internacional, que fue dado a conocer ayer a las partes, puede ser el primero de la treintena de demandas internacionales interpuestas contra el gobierno español por el recorte que aplicó al precio del kilovatio hora producido en instalaciones renovables. Si el resto de laudos van en la misma dirección, el Reino de España, o sea, la ciudadanía contribuyente, podría enfrentarse a indemnizaciones millonarias. El Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado es un organismo del Banco Mundial, que es la institución a la que el Gobierno de España quiso enviar al exministro de Energía José Manuel Soria cuando este tuvo que dimitir por su vinculación a paraísos fiscales (Panama Papers).

05/05/2017
Fuente: 
Energías Renovables

La eólica urge una nueva reforma del sector eléctrico

El sector reclama cambios para restablecer la confianza y conseguir la financiación que permita cumplir con los objetivos de Bruselas. Arias Cañete se muestra optimista y confía en que vuelvan las inversiones.

El sector reclama cambios para restablecer la confianza y conseguir la financiación que permita cumplir con los objetivos de Bruselas. Arias Cañete se muestra optimista y confía en que vuelvan las inversiones. La industria eólica no está pasando por su mejor momento en España. Los distintos representantes del sector que participaron ayer en el Primer Congreso Eólico Español en Madrid se mostraron  muy escépticos sobre las posibilidades de recuperar la actividad, prácticamente paralizada tras la reforma energética del Gobierno, si no hay una “reforma de la reforma” energética del año pasado.

Tanto los representantes de Gamesa, como los de Acciona, Vestas o Iberdrola confían especialmente en la exportación y la actividad exterior.  Todos ellos alertaron del peligro del aumento de las deslocalizaciones y las inversiones en las instalaciones productivas más próximas a mercados con más potencial debido a que es un producto industrial que “viaja mal”.

Y un elemento esencial es “la predictibilidad” y “la estabilidad” regulatoria. Rafael Mateo, consejero delegado de Acciona Energía, afirmó que su compañía apuesta por mercados “mucho más estables” como México, Chile, EEUU o Sudáfrica.

El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, que inauguró el congreso, se mostró optimista y confió en que las próximas iniciativas de Bruselas y las regulaciones nacionales “volverán a atraer inversiones” al sector de la energía eólica en España. Asimismo, destacó el papel de este tipo de energías en Europa.

Por su parte, la directora general de Política Energética, Teresa Baquedano, anunció que la subasta de capacidad eólica de 500 megawatios (mw) prevista, la primera en unos cuatro años, tanto para instalaciones nuevas como para repotenciación o modificación de la ya existente e inscrita en el registro correspondiente, podría estar aprobada hacia septiembre. Para la industria son precisas medidas “más estructurales”.

“Para instalar los 5.000 a 6.000 megawatios (mw) necesarios para alcanzar los objetivos de Bruselas para el 2020 son necesarios unos 7.000 millones y eso requiere financiación, para lo que hay que recuperar la confianza”, manifestó José López Tafall, de la patronal eólica nacional explicó que para recobrar el atractivo será necesario modificar el esquema de rentabilidad establecido para las renovables que sustituyó a las primas a la producción y que es revisable cada seis años. Eso, dijo, introduce una “incertidumbre innecesaria”. También pidió un plan de energías renovables y un pacto de Estado sobre energía.

24/06/2015
Fuente: 
El Periódico

España se desliga de Europa con su reforma energética

Tras la realización de un estudio del escenario energético y regulatorio nacional, Fundación EQUO y Fundación Renovables, concluyen que la política energética española no coincide con las directrices de la Unión Europea en la materia, sino que las contradice o ignora. Ambas entidades plantean una serie de propuestas para alcanzar un modelo energético sostenible tanto en el viejo continente como en España.

Fundación EQUO y Fundación Renovables pusieron en conocimiento de la opinión pública, en el marco de la jornada “Energía limpia para una Europa Sostenible”, las conclusiones más interesantes que se desprenden de un estudio realizado por ambas entidades en materia de política energética en España.

Para estas Fundaciones “una política energética que realimenta la crisis económica es insostenible e injusta, aumenta la dependencia energética y solo sirve para incrementar los costes que se trasladan a los consumidores sin ninguna transparencia”. En este sentido, alegaron que la Unión Europea puso las bases en 2007 para iniciar la transición hacia una economía menos dependiente de importaciones energéticas y libre de CO2 mediante la eficiencia energética y el consumo de fuentes renovables. Denuncian que “cuando hoy Europa lanza una mirada más ambiciosa a 2030 y 2050, España ha decidido parar. Y no es el momento de parar sino de avanzar todos juntos”.

Abogan por una planificación energética que tenga como eje central el cumplimiento de unos objetivos ambiciosos de reducción de emisiones, desarrollo de las renovables e incremento de la eficiencia, siempre vinculados entre sí. Asimismo, plantean una batería de medidas para hacer del ahorro y la eficiencia el eje central de la misma con una apuesta clara por la rehabilitación energética de edificios o cambios drásticos en la movilidad y el transporte. También reclaman una regulación adecuada del autoconsumo como pilar de la generación distribuida. Otras medidas solicitadas hacen referencia a la fiscalidad energética, a la eliminación de las subvenciones a las energías convencionales o la revisión del sistema de conformación de precios en la electricidad.

Sentencian que “es evidente que las prioridades de las políticas europeas no coinciden con las prioridades de la política energética de España a pesar de que nuestros desafíos son mucho más graves tanto en dependencia e intensidad energéticas como en emisiones de CO2”.

10/07/2013
Fuente: 
Apecyl